El adelanto electoral frustra las reformas de la Justicia pero no afectará a la subida salarial de jueces y fiscales
El inesperado adelanto electoral también tendrá consecuencias sobre la Administración de Justicia. La disolución de Las Cortes interrumpe la tramitación parlamentaria de las tres grandes iniciativas legislativas del departamento que dirige Pilar Llop: las leyes de eficiencia procesal, organizativa y digital, que ya no verán la luz esta legislatura. Se trata de reformas que han tenido cierta contestación en el ámbito de la Justicia pero que han servido de pretexto al Gobierno para justificar las subidas salariales acordadas recientemente con jueces, fiscales y letrados judiciales. Unas subidas de sueldo que están “pactadas” y que se van a “llevar a efecto” independientemente de las leyes, según confirma a elDiario.es un portavoz del Ministerio de Justicia.
En las últimas horas desde medios judiciales se había especulado con la posibilidad de que el adelanto electoral frustrara esas subidas salariales, pues formaban parte de acuerdos amplios que, sobre el papel, tenían como objetivo la implantación “con garantías” de las modificaciones derivadas de esas tres leyes de eficiencia. Son proyectos normativos que decaen automáticamente tras la disolución del Parlamento. Su tramitación tendría que empezar de cero en la próxima legislatura si así lo decidiera la futura mayoría que arrojen las urnas tras el 23 de julio.
Lo que no está en riesgo, según el Ministerio de Justicia, son los acuerdos salariales firmados. El Ministerio que dirige Pilar Llop logró salvar la amenaza de huelga de jueces y fiscales con un pacto para subir sus salarios una media de 450 euros al mes en 2024. El acuerdo prevé que el 40% de esa cantidad se cobre con efectos retroactivos desde el pasado 1 de enero. El 80% se cobrará a partir del 1 de enero del año que viene y el 100% desde julio de ese año. En este caso, el desembolso del Gobierno es de 46,7 millones de euros. Previamente, el Ejecutivo había acordado sumar hasta 450 euros a las nóminas de los 4.379 antiguos secretarios judiciales, que mantuvieron durante dos meses una huelga que dejó 350.000 juicios y vistas suspendidos.
No obstante, el Ministerio de Justicia sigue sin atajar el conflicto con los 45.000 funcionarios de las oficinas judiciales, que están en huelga indefinida desde el 22 de mayo y este martes se han manifestado ante la sede federal del PSOE. La disolución de las cámaras ha hecho decaer uno de los motivos de esa protesta: la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO), que, aseguran, les imponía nuevas condiciones laborales sin una negociación previa. Pese a ello, el comité de huelga acordó este lunes mantener la huelga indefinida para reclamar una subida salarial acorde a “las funciones que realmente realizan en las oficinas judiciales y que no se cobran”, según sus promotores.
En concreto, reclaman incrementos retributivos de 430 euros mensuales para médicos forenses y facultativos del Instituto Nacional de Toxicología (grupo A1), de 400 euros para gestores y técnicos especialistas de laboratorio (grupo A2), de 375 euros para tramitadores y ayudantes de laboratorio (grupo C1) y de 350 euros mensuales para los auxilio (grupo C2). Es, a juicio del comité de huelga, “una propuesta de subida salarial justa”.
Los acuerdos que el Ejecutivo ha fraguado con estos colectivos han llevado a los representantes de los funcionarios a calificar de “clasista” al Gobierno por el “agravio comparativo” que supone pactar mejoras salariales a letrados, jueces y fiscales —funcionarios del grupo A1, con retribuciones más elevadas— mientras sigue sin hacer una oferta en firme a los funcionarios que se encargan de la atención al público y de otros asuntos clave en los juzgados como registrar y tramitar documentos o notificar diligencias, autos y sentencias, y cuyos sueldos son mucho más bajos.
A pesar de la convocatoria de elecciones, los sindicatos insisten en que el Gobierno estará “plenamente activo” y “en plenas facultades de sus competencias” hasta el 23 de julio —después, pasará a estar en funciones— y que, en consecuencia, no existe impedimento legal para la negociación. Pero por el momento, sigue sin haber interlocución entre el departamento de Llop y los representantes de los funcionarios. Ambas partes no se reúnen desde el pasado 24 de abril y el Ministerio de Justicia no ha presentado por el momento ninguna propuesta económica.
En las últimas semanas, fuentes del departamento que dirige Pilar Llop han insistido en su “disposición” al diálogo y al acuerdo, aunque aludían a la particularidad de esta negociación, pues aunque los funcionarios dependen orgánicamente del Gobierno, son 12 las autonomías que tienen transferidas las competencias en materia de Justicia. Los sindicatos insisten en que no hay impedimento para llegar a un acuerdo porque han centrado sus reivindicaciones en ámbitos que dependen únicamente del Ejecutivo central. Por un lado, una subida del llamado complemento general “digna” y “en línea” con la conseguida por letrados, jueces y fiscales; y la negociación de unas funciones adecuadas a la labor que desempeñan.