Más allá de Vinicius: los otros racismos

Que España es racista, concluyen en Twitter, ese pozo de sabiduría, los eruditos de todo en 280 caracteres. Todo a cuenta del «affaire» Vinicius, que se saldaba con la imputación por delito de odio a tres jóvenes tras proferir insultos racistas al jugador en Mestalla. No era esta la primera queja del jugador, pero sí la primera en la que se tomaban medidas apresuradísimas y contundentes, y se le daba tratamiento de alarma social. Tanto su equipo, el Real Madrid, y el presidente de este, como la firma Nike, marca a la que representa, no han dudado en respaldar al jugador en su cruzada de «tolerancia cero» con el racismo. También Lula da Silva y los medios internacionales. Una acusación que han hecho extensible a toda una sociedad. Lo que ha ocurrido no es más que lo que ocurre siempre: el camino corto es el más fácil de transitar. Aislar el hecho, despojarlo de contexto y atribuirle un único factor, el que convenga, acaba convirtiendo en errática la conclusión porque un mal diagnóstico nunca puede llevar a una buena solución. Así, para Vinicius (para Twitter, para el mundo del deporte, para Brasil) el insulto de un aficionado desde la grada únicamente se debe al odio que este siente por él debido al color de su piel. Nada que ver con que juegue en el equipo contrario al de sus amores, que se encuentre compitiendo en ese preciso momento, que el chaval esté exaltado por la emoción, jaleado por sus compañeros. Olvida el jugador que si la pelota la lleva, en lugar de él, uno bajito, le gritarán enano; si es muy flaco, fideo. ¿Estaríamos en un país enanofóbico, flacofóbico? ¿España no soporta a los enanos, los flacos y los negros por un problema estructural e histórico del que somos incapaces de zafarnos? ¿Y acordarse de las madres de los jugadores, cagarse en ellas? ¿Es España un lugar que odia a las madres de los futbolistas por el mero hecho de serlo? ¿O se trata de otra cosa, de rivalidad entre equipos y denuestos casi tribales, como lo son los ánimos al equipo propio?

Quizá lo más llamativo del caso sea lo desproporcionado entre las reacciones y los hechos, las apresuradas medidas tomadas, y la evidencia de las dificultades que tienen las instituciones, los poderes públicos y sus representantes para resistir ante las presiones de los que, incapaces de calibrar en su justa medida, prefieren clamar por una justicia (ad hoc e inmediata) entre golpes de pecho y bramidos identitarios. No menos sorprendente que, algunos de los más afectados y abrumados por este hecho, preocupadísimos por ese racismo endémico del que adolecemos como país, hagan alarde desacomplejado de xenofobia. ¿Hay otros racismos en España pero son menos graves? ¿De qué depende? ¿De la atención mediática, de lo muy ofendido que se sienta alguien, de la reacción de ciertas personalidades públicas?

Hace unos días, una exdirigente de UGT y consejera de ERC, una de las golpistas de aquel infausto 2017, defendía sin titubeos «eliminar» los partidos «cuyos candidatos se presentan en el debate de TV3 y Catalunya Ràdio hablando en castellano». Añadía que «no queremos la reconquista de España en Cataluña». Teniendo en cuenta que de sus palabras se desprende que Cataluña no es España (y España, por lo tanto, no es Cataluña) y que pide eliminar a los castellanohablantes, no parece muy descabellado ni inexacto acusarla de xenofobia (según la RAE: «Odio, repugnancia u hostilidad hacia los extranjeros»). No es algo nuevo, solo hay que recordar episodios similares de asedio a la lengua cooficial, la común a todo el territorio nacional, para ver que no se trata de un hecho aislado: el acoso al niño de Canet, a la enfermera gaditana cuyo vídeo se hizo viral, la violencia sufrida por estudiantes de S’Ha Acabat... ¿Por qué las reacciones no son inmediatas ni similares ante casos como estos, mucho más generalizados y extendidos?

En TV3 se emitía, en plena Semana Santa, un «sketch» que parodiaba, con dudoso gusto, a la Virgen del Rocío y que, a devotos y andaluces, a algunos de ellos, parecía ofensivo y denigrante. Recientemente se imputaba a tres de los cómicos en una decisión discutible si defendemos la libertad de expresión y creación, el valor de la sátira como elemento sintomático de la salud democrática de un Estado. Lo curioso es que a algunos esto les parecía, con toda razón, un atropello inadmisible a los andaluces, pero, al mismo tiempo, defendían la intención de denunciar a otro programa también de humor, «El Hormiguero», porque el presentador y un invitado habían bromeado con el hecho de que Irene Montero, la ministra de Igualdad, resaltara, de entre todas las cualidades que adornan a la candidata a la alcaldía de Valencia para desempeñar el cargo, las de «bollera y sorda» como las más destacables. Cabalgar contradicciones lo llaman ahora algunos cursis. Algunos han aprendido muy pronto que la instrumentalización del victimismo funciona y no les cuesta nada prescindir de la verdad y la honestidad para intentar conseguir rédito de ello.

Coincidiendo con la polémica, el PNV conmemora estos días el 120 aniversario de la muerte de su fundador, Sabino Arana, abiertamente antiespañol y xenófobo. Desde las instituciones públicas vascas se patrocinan homenajes a su figura, lo que no supone ningún conflicto para los que no ven problema en ello, en ese blanqueamiento del racismo, pero se rasgan las vestiduras por insultos en un campo de futbol.

Así las cosas, la inseguridad jurídica se materializa como un problema real. No queda tan claro como sería deseable qué es delito de odio y qué no, dónde está el límite entre la sátira y el oprobio, ni cuándo corre uno el riesgo de salirse de la legalidad. No ayuda que se funcione más por automatismo que por reflexión ni que la emocionalidad exacerbada nos empuje al lado de aquel que se presenta como víctima, independientemente de que lo sea o no. Quizá sea momento de parar y analizar en profundidad antes de dejarnos arrastrar por la consigna identitaria y el buenismo irreflexivo.

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