La vivienda, la política y su ley (III)
El guion de mitin electoral bolivariano-castrista que en formato de Ley de Vivienda ha visto la luz, publicado hoy por el BOE, tres días antes de las elecciones, está sustentado en el pacto de socialistas con los neocomunistas de Sumar, escisión de la versión troskista de Podemos que ha marcado la ley, trufando el contrato de arrendamiento de planes, prórrogas, quinquenales e incluso decenales.
Tras el esperpento de la Ley del si y es si, el sentido común vaticinaba que no era previsible que el Gobierno de Sánchez se dejara embarcar por sus socios en otra feria similar promocionada como tómbola legislativa que tanto descrédito les ha causado.
La factoría de promociones La Moncloa sin duda llegó a la conclusión que el resultado electoral no pintaba bien y como los boxeadores que quieren llegar al siguiente asalto, el gobierno decidió abrazarse a Yolanda Díaz y a Irene Montero al mismo tiempo en la Ley de Vivienda. Los politólogos de la corte monclovita reclamaban unidad.
Ahora bien, si son lo mismo, por qué motivo el elector va a votar la segunda o la tercera marca.
Esta decisión estratégica sin embargo no ha analizado suficientemente los datos estadísticos. Según el INE el porcentaje de hogares que viven en arrendamiento en España en 2021 es el 15,9 por ciento frente al 72,9 por ciento que reside en viviendas de su propiedad.
El INE da otro dato relevante atendiendo a la nacionalidad de los residentes en los hogares. En los que todos sus miembros son españoles, el 80,5 por ciento residen en viviendas en propiedad. En los hogares mixtos, residen españoles y extranjeros, el porcentaje de propiedad es del 47,2 por ciento; mientras que, si todos son extranjeros, el porcentaje de propiedad es el 37,4 por ciento.
Por tanto, mayoritariamente los electores llamados a las urnas viven en viviendas en propiedad.
Si a estos datos añadimos que el 15,5 por ciento tiene una segunda vivienda y solo 114.000 viviendas en alquiler pertenecen a grandes empresas tenedores inmobiliarios, resulta que el mercado de viviendas en alquiler es mayoritario en propietarios que son personas físicas, es decir también electores a los que se agrede directamente con la Ley de Vivienda.
El socavón en el que se ha metido el Gobierno intentado protagonizar la segunda PSV, política socialista de vivienda, que acabó en la quiebra, es consecuencia de un proyecto de ley resultado de la simbiosis del movimiento okupa de Podemos y de la plataforma anti-desahucios de la alcaldesa de Barcelona Ada Colau.
La Ley que vulnera el sistema de competencias de Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, atenta contra el derecho de propiedad y la libertad contractual que establece la legislación civil.
Se imponen prórrogas extraordinarias de los contratos de arrendamiento a los grandes tenedores de vivienda y en zonas de mercados tensionados que se extenderían un plazo de 3 años más. Este concepto indeterminado de zona residencial mercado tensionado obliga a que si se inicia un nuevo contrato de arrendamiento, el propietario está obligado a mantener la renta vigente de los últimos cinco años. Y si se trata de un gran tenedor de vivienda que oferta el arrendamiento por primera vez, habiendo transcurrido cinco años desde el último contrato , la renta no podrá ser superior al límite máximo del precio de referencia por resolución del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
En síntesis, dificultar las inversiones extranjeras en España, imponer un sistema de contingentes y precios intervenidos, resortes procesales para alargar los interminables plazos procesales para el desalojo de viviendas ocupadas o con impagos de arrendamiento y desplazar los costes sociales directamente a los propietarios contribuyentes ante la incapacidad del Gobierno para implementar políticas económicas y sociales eficaces.
Estas políticas ya se aplicaron en el franquismo, con la prohibición de inversiones extranjeras y la autarquía que propiciaron organismos como el SENPA, servicio nacional de precios agrarios.
A la Ley para cumplir sus objetivos solo le falta el SENPI: servicio nacional de precios inmobiliarios.
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