El Gobierno estudia intervenir los precios de los vuelos a las islas
Según explica el Ministerio de Transportes, la regulación comunitaria consagra, para las compañías aéreas que dispongan de una licencia expedida por un Estado miembro de la Unión Europea, los principios de prestar libremente y sin restricción alguna servicios aéreos en las rutas aéreas intracomunitarias, así como fijar libremente los precios de sus tarifas. No obstante, la ley también permite a un Estado miembro restringir parcialmente esas libertades mediante las imposición de lo que se denominan obligaciones de servicio público. "Se está estudiando la viabilidad de un posible proyecto piloto de Obligaciones de Servicio Público (OSP) que permitiera evitar precios excesivos en las conexiones de las islas con la península, para analizar su comportamiento y evaluar sus resultados", indica el Gobierno en su respuesta parlamentaria.
Y es que, tanto PP como Ciudadanos han registrado varias preguntas en el Congreso para interesarse sobre el aumento de los precios de las tarifas aéreas en las conexiones con los territorios insulares. El Gobierno asegura que desde el Ministerio de Transportes se realiza una "continua labor de monitorización" de la evolución de los mercados aéreos no peninsulares, con particular atención a las tarifas aéreas para poder establecer, cuando sea necesario, las acciones que se consideren apropiadas en caso de detectar niveles de precios que realmente puedan afectar a la accesibilidad general a este medio de transporte.
En este contexto el Gobierno enmarca esas Obligaciones de Servicio Público. No obstante, matiza que todavía falta por definir el proyecto, llegar a un acuerdo con las comunidades autónomas afectadas y realizar la tramitación que requiere una declaración de OSP. Eso sí, antes de llegar a esta declaración el Ejecutivo apunta que toda acción llevada a cabo siempre tiene que estar encuadrada en el marco que permite la normativa de la Unión Europea. De hecho, señala que las Obligaciones de Servicio Público suponen una "excepción" que ha de ser "muy justificada". Esto es así, dice el Gobierno, porque el mercado aéreo dentro de la Unión Europea se encuentra completamente liberalizado. "Esto significa que las compañías aéreas europeas pueden fijar libremente su oferta, en particular las tarifas, sin que los Estados miembro puedan intervenir o condicionar esta libertad de operación", ha apostillado.
También señala el Ejecutivo que mantiene una comunicación "fluida" con las compañías aéreas mediante la Dirección General de Aviación Civil, así como con las diversas organizaciones y entidades que integran el sector aéreo y aeronáutico español.
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