Jueces y fiscales conservadores mantienen la huelga al ver “insuficiente” una subida de casi 500 euros al mes
La tercera reunión del Gobierno con los representantes de jueces y fiscales ha concluido este miércoles sin llegar a un acuerdo que desactive la amenaza de huelga indefinida que las asociaciones conservadoras promueven a partir del 16 de mayo, en plena campaña electoral. El encuentro se ha prolongado durante más de cuatro horas sin que las partes lograran llegar a una posición común que evite el conflicto, informan a elDiario.es fuentes de la negociación.
Las asociaciones del centroderecha judicial —mayoritarias en ambas carreras— mantienen el paro al considerar "insuficiente" la última oferta del Ejecutivo, que propone sumar 46,2 millones más al año a sus salarios, lo que incrementaría sus nóminas con entre 350 y 490 euros al mes, en función de las categorías. Las progresistas Juezas y Jueces para la Democracia y Unión Progresista de Fiscales (UPF) sí aceptan la propuesta de los departamentos de Justicia y Hacienda. Las partes están tratando por el momento de buscar una nueva fecha para reunirse antes del próximo martes, cuando está fijada la fecha de inicio de la huelga indefinida.
La negociación tiene lugar en el marco de la mesa de retribuciones, el órgano legalmente previsto para revisar sus salarios, pues jueces y fiscales no tienen reconocido el derecho a la sindicación ni a la negociación colectiva. Las asociaciones convocantes se quejan de la “pérdida de poder adquisitivo” que vienen “arrastrando” desde 2009 en un contexto de “aumento de la litigiosidad” que atribuyen, entre otros factores, a una “catarata de reformas legislativas” que ha aumentado sus funciones “exponencialmente”.
La amenaza de huelga se produce en el contexto del gran atasco judicial registrado tras la huelga de los letrados, que provocó la suspensión de 350.000 actuaciones entre juicios, declaraciones y otras diligencias y de gran conflictividad en el sector. Los funcionarios de las oficinas judiciales mantienen paros indefinidos desde hace dos semanas y amenazan con la huelga total a partir del 22 de mayo si el Ejecutivo no hace una oferta económica. De llevarse a cabo finalmente, sería la sexta huelga de jueces y la tercera de fiscales en toda la democracia. Aunque la principal novedad es que, en este caso, la convocatoria se ha registrado como indefinida.