Jueces y fiscales prolongan el pulso al Gobierno tras la última oferta para subir sus sueldos hasta 490 euros al mes
Las asociaciones de jueces y fiscales que amenazan con una huelga indefinida a partir del 16 de mayo, en plena campaña electoral, mantienen el pulso al Gobierno en su reivindicación de una mejora salarial. La convocatoria de paro total se mantiene al considerar “insuficiente” la nueva oferta que, este lunes, les ha presentado el Gobierno y que propone sumar 46,2 millones más al año a sus salarios, lo que incrementaría sus nóminas con entre 350 y 490 euros al mes, en función de las categorías, según fuentes conocedoras del contenido de las negociaciones.
Es una mejora respecto a la primera propuesta que formuló el Ejecutivo la semana pasada y que alcanzaba los 44,6 millones de euros. Pero las asociaciones del centroderecha judicial que promueven la huelga defienden que esta cantidad no soluciona la pérdida de poder adquisitivo que dicen sufrir desde hace más de una década y supone un "agravio comparativo" respecto a la subida salarial de hasta 450 euros al mes que los letrados judiciales consiguieron arrancarle al Gobierno tras dos meses de huelga y miles de juicios suspendidos. La mesa volverá a reunirse con los representantes de Justicia y Hacienda el próximo miércoles.
La última propuesta del Gobierno incluye tres opciones, en función de cómo se reparte la partida total. La primera opción es la más progresiva y prevé un aumento de 490 euros brutos al mes para el grupo más numeroso, formado por los magistrados. En este grupo están incluidos también los fiscales de segunda categoría. Según este esquema, el incremento sería de 460 euros brutos al mes para los jueces y fiscales de tercera categoría y de 300 para los profesionales destinados en órganos colegiados, donde los sueldos son superiores. La segunda opción es la más lineal, con 440 euros para quienes ejercen en los órganos colegiados y 450 euros para magistrados y jueces. Y la tercera prevé un aumento de 460 euros para quienes trabajan en los órganos colegiados y de 440 euros para el resto de profesionales.
"Todo está abierto. Es tiempo de hablarlo con los propios y ponerlo en común con el resto de asociaciones", ha afirmado en declaraciones a los medios el juez Juan José Carbonero, que ha participado en la reunión en representación de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), conservadora y mayoritaria en la carrera. "Hay que mantener el talante institucional y negociador dentro de la mesa, donde todo el mundo sabe que tiene que hacer concesiones", ha aseverado, por su parte, la fiscal Inés Herreros, presidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que ha comunicado que someterá la propuesta a consulta de sus asociados.
Por el momento, la convocatoria que sigue registrada formalmente la secundan las asociaciones que que cubren el espacio del centroderecha judicial, que son mayoritarias en ambas carreras. Son la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF). La asociación Juezas y Jueces para la Democracia y la UPF también participan en las reuniones pero no han firmado la convocatoria a la espera de cómo avancen las conversaciones.
La negociación con el Gobierno tiene lugar en el marco de la mesa de retribuciones, el órgano legalmente previsto para revisar sus salarios, pues estos profesionales no tienen reconocido el derecho a la sindicación ni a la negociación colectiva. Durante los últimos días, las asociaciones de jueces y fiscales han tratado de llevar a la reunión de este lunes una propuesta de mejora retributiva de consenso, pero finalmente no ha sido posible. La mayoritaria APM defiende que la subida debe alcanzar los 74 millones de euros.
En España ejercen sus funciones en la actualidad 5.343 jueces y 2.553 fiscales. Su retribución media estará este año en torno a los 75.000 euros brutos anuales en 2023, según los datos que maneja el Gobierno de cara a la negociación abierta con las asociaciones. Es una cifra promedio que incluye el sueldo base, los trienios que se suman según la antigüedad y otros complementos en función del destino, la responsabilidad o la “penosidad” del cargo.