29 trabajadores habrían usado certificación falsa de CCSS para cobrar dinero de pensión por invalidez
Al menos 29 trabajadores de empresas privadas habrían utilizado certificaciones falsas de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) para cobrar, entre octubre del 2019 y el 8 de setiembre del 2020, dineros de una supuesta pensión por invalidez a la que no tenían derecho.
En apariencia, estas personas recibieron ayuda de otro extrabajador que tenía un contacto en el Banco Popular para agilizar la entrega de dinero del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP). Gracias a ese intermediario, habrían obtenido declaraciones falsas de la Gerencia de Pensiones de la CCSS, las cuales indicaban que contaban con una pensión por invalidez.
Con base en dicha documentación, estas personas solicitaron a la Operadora de Planes de Pensiones Complementarias del Banco Popular el retiro del ROP, el cual les fue entregado.
Toda esta cadena de irregularidades fue dada a conocer por el Ministerio Público a propósito de un operativo realizado, la mañana de este lunes, en busca de evidencia sobre este caso y que incluye 18 allanamientos simultáneos en despachos y casas de habitación.
Durante las diligencias, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) ordenó detener a ocho personas de apellidos Angulo Sandí, Tencio Zúñiga, Guevara Calderón, Ramos Barboza, Marín Otárola, Díaz Caruzo, Rojas Fuentes y González Carrillo.
Ellos son investigados por los presuntos delitos de cohecho propio, penalidad del corruptor, falsedad ideológica, falsificación de documento y uso de documento falso.
El Ministerio Público detalló que los allanamientos abarcaron oficinas de la CCSS, el Banco de Costa Rica y del Banco Popular. Los agentes también acudieron a viviendas ubicadas en Escazú, Moravia, San Sebastián, Hatillo, Desamparados y Guadalupe, así como en la provincia de Puntarenas.
Además de las capturas, el Ministerio Público buscó prueba física y electrónica para incluirla al expediente de la investigación.
De acuerdo con la FAPTA, todo inició por una denuncia que llegó al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y por informaciones que recibió el Banco Popular sobre posibles retiros del ROP, de forma anticipada y con una certificación aparentemente emitida por la CCSS. El caso se mantiene dentro del expediente 20-024657-0042-PE.
Al respecto, Caja indicó este lunes que se mantiene colaborando con las autoridades judiciales en los diferentes allanamientos.
“De acuerdo con lo que la Institución ha conocido, se trataría de investigaciones contra algunos funcionarios y con relación a hechos de años anteriores y que involucran a otras instituciones y procesos adicionales a la CCSS”, manifestó la entidad.