El sector agrícola clama contra las "contradicciones" regulatorias que afectan al Baix Llobregat (Barcelona)

El Institut Agrícola ha tenido que salir al paso este lunes contra las "contradicciones" regulatorias que tienen en vilo a los agricultores del Baix Llobregat, zona situada en las inmediaciones de Barcelona. En concreto, la zona está integrada por el Parc Agrari del Baix Llobregat, que dispone de 3.473 hectáreas de cultivo que se extiende a lo largo de 14 términos municipales, con 318 explotaciones agrarias profesionales y 53 hectáreas de invernaderos. Sin embargo, este parque está regulado bajo el Plan Especial del Parc Agrari y contiene tres "contradicciones" con la normativa estatal, circunstancia que está poniendo en aprietos a los agricultores porque algunos de ellos han sido multados y se han visto obligados a derribar construcciones dentro de su recinto.

En este sentido, la primera contradicción es que el Plan Especial rechaza las instalaciones destinadas a la higiene, seguridad y adecuado registro y control en el trabajo, requisito impuesto por la normativa laboral (además, se rechaza la existencia de un lugar para archivo de toda la documentación necesaria en caso de realización de inspecciones laborales, trazabilidad, producción ecológica o de otra índole, lo cual viola la normativa en lo referente a la disponibilidad de los mismos). La segunda es la existencia de edificaciones incluso móviles (por ejemplo, contenedores) para el almacenamiento de productos fitosanitarios, exigida por la normativa de uso y manipulación de productos fitosanitarios, que no es contemplada por la normativa del Parc Agrari. Y, la tercera y última, son las vallas de protección de los cultivos y la instalación de una tipología de invernadero auxiliar, la cual también es impugnada por la aplicación que se está haciendo del Plan Especial, reduciendo la altura de 1,80 metros a 1,50 metros, vulnerando una de las condiciones esenciales que pone la reglamentación vigente en materia de seguros agrarios para que la finca sea susceptible de ser asegurada por robos, incendios u otras contingencias.

La organización agraria presidida por Baldiri Ros afirma que "es obligación del regulador la de armonizar su normativa con la del resto del ordenamiento legal existente" y alerta de que si no se hace, se puede generar "la deslocalización de los productores instalados en la zona", lo que impediría el desarrollo del hub agroalimentario. "Es imprescindible actuar de urgencia conforme las leyes de superior rango para, inmediatamente después, realizar una reforma del Plan Especial", señala el Institut Agrícola, reclamando, en primer lugar, que se decrete una moratoria (se ha reclamado a los alcaldes de la zona) hasta que se encuentre una solución satisfactoria que haga compatibles las diferentes normativas; y, en segundo lugar, "es necesario presentar a la mayor brevedad posible un texto de reforma de los aspectos del Plan Especial que entran en flagrante contradicción".

Además de las contradicciones regulatorias, el Institut Agrícola también clama contra la "ausencia de gestión de dos riesgos sistemáticos que provocan la ruina de las cosechas como son las infraestructuras hídricas y el abandono de los espacios protegidos". Ambas tareas son competencia autonómica delegada en dos agencias: en el primer caso, la Agencia Catalana del Agua y en el segundo, el Consorcio de los Espacios Naturales del Delta del Llobregat.

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