Infocoop entregó dinero público a cooperativas durante 34 años con norma inconstitucional

El Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop) entregó recursos públicos, desde el año 1988, a dos organizaciones cooperativas, amparándose en una norma inconstitucional.

Las entidades que se beneficiaron durante décadas de las transferencias son el Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop) y el Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa (Cenecoop).

Ambas organizaciones se nutrieron del 1,5% del presupuesto anual de Infocoop. Solo entre los años 2011 y 2020 las cooperativas recibieron, en conjunto, más de ¢3.600 millones.

La transferencia irregular de recursos a ambas cooperativas privadas fue detectada por la junta interventora de Infocoop, que estuvo al frente de la entidad entre el 2017 y el 2019.

El entonces director ejecutivo, Gustavo Fernández, fue quien presentó la acción de inconstitucionalidad ante la Sala IV, el 21 de diciembre del 2018. El Tribunal resolvió el pasado 9 de noviembre del 2022.

De hecho, el Instituto frenó el desembolso de recursos entre el 2018 y el 2019. A raíz de esa decisión, ambas cooperativas denunciaron a Infocoop. El giro de recursos públicos se retomó a partir del 2020.

Diputados introdujeron norma de forma irregular

La legislación que fundamentó erróneamente la transferencia de fondos públicos a favor de esas organizaciones, durante más de tres décadas, data de 1986.

Se trata del artículo 185 de la Ley de Asociaciones Cooperativas, que establecía el traspaso del 1,5% del presupuesto de Infocoop a ambas organizaciones.

De acuerdo con la resolución de la Sala IV, esta es una “norma atípica” que legalmente solo debía aplicarse en el ejercicio económico de ese año y el siguiente.

No obstante, la administración aplicó los desembolsos de forma permanente por una omisión de la técnica legislativa.

Los diputados de aquella época introdujeron ese apartado mediante la aprobación de un presupuesto extraordinario, en 1986. Al año siguiente, los legisladores hicieron una modificación mínima a ese mismo artículo, a través de otro presupuesto extraordinario.

Los magistrados sentenciaron que introducir el artículo 185 de la Ley de Asociaciones Cooperativas a través de dos leyes de presupuesto extraordinario, como hicieron los diputados en este caso, resulta “contrario al Derecho de la Constitución”.

“En una de sus primeras sentencias, la Sala expresamente señaló la inconformidad de incorporar en la ley de presupuesto, normas ajenas a la ejecución presupuestaria”, recordaron los magistrados.

Esta jurisprudencia advierte de, en la discusión de presupuestos, la Asamblea Legislativa “debía limitarse, precisamente, a la materia presupuestaria”.

En este caso; sin embargo, modificaron inconstitucionalmente un artículo de la Ley de Asociaciones Cooperativas.

Contraloría y Procuraduría habían advertido

Gustavo Fernández, director ejecutivo de Infocoop durante la intervención y quien presentó la acción de inconstitucionalidad, recordó que la institución giró recursos a pesar de criterios jurídicos que advertían de esta inconstitucionalidad.

“Sostuvimos que ocurrió un manejo irregular de los recursos al margen de la ley. Eso no solo se conoció a nivel interno, sino que también era de conocimiento de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Contraloría General de la República (CGR)”, manifestó.

De acuerdo con el exdirector, ambas instituciones habían emitido pronunciamientos sobre la improcedencia de los desembolsos. El último criterio, aseguró, lo emitió la Contraloría en el 2006.

Fernández lamentó que esos órganos no tomaron “acciones afirmativas para detener esas transferencias millonarias”. Aseguró que, desde los años 90, esas instituciones “sabían que esas transferencias no se podían hacer”.

“Creo que la Sala IV nos da la razón a los interventores y da un precedente de que en la función pública se debe actuar con probidad y en total al marco legal vigente”.

Fernández incluso mantiene una denuncia penal en contra de varios exdirectivos de esa institución, por realizar las transferencias al margen de los criterios que advertían de la inconstitucionalidad de la norma sobre la cual fundamentaron el giro de los recursos a Conacoop y Cenecoop.

Entidades seguirán captando recursos de Infocoop

A pesar de la declaratoria de inconstitucionalidad de dicho artículo, tanto Conacoop como Cenecoop seguirán captando recursos públicos en los próximos años.

Esto se debe a que los diputados aprobaron, en el 2022, una ley para garantizar el destino de los fondos a ambas organizaciones.

En medio de la discusión sobre la posible inconstitucionalidad de la anterior norma, las ahora exdiputadas Shirley Díaz, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); y Patricia Villegas, del Partido Integración Nacional (PIN), impulsaron una norma para acabar con el debate.

“El objetivo del proyecto de ley bajo estudio es aprobar por ley, y ya no por norma presupuestaria, como hasta el día de hoy está establecido, lo ya previsto por el Estado, lo cual es una transferencia prevista en el artículo 185 correspondiente al 1,5% de los ingresos del Infocoop”, señala la motivación de la iniciativa aprobada.

Los magistrados aclararon que la declaratoria de inconstitucionalidad tiene efectos retroactivos sobre la norma anterior, es decir, la que estaba en vigencia antes de la aprobación de la reforma del 2022.