Otro ingeniero del MOPT que objetó pago de $1 millón a constructora también fue removido de cargo
El segundo de los dos ingenieros que se opuso a pagar $1 millón a Azvi, empresa española que construyó los 21,8 kilómetros de la nueva carretera entre Paquera y playa Naranjo, en Puntarenas, también fue removido de su puesto por una supuesta reestructuración.
Se trata de Germán Juyar Mora, quien era el coordinador general de la unidad ejecutora Ineco, contratada por el Estado para desarrollar varias obras públicas financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Su traslado se suma al de Francini Chinchilla Torres, ingeniera directora de la Unidad Asesora del Comité de Administración y Supervisión del Programa de Infraestructura del Transporte.
El movimiento del funcionario fue confirmado por Luis Amador Jiménez, ministro de Obras Públicas y Transportes y Alejandro Guillén Guardia, viceministro de Infraestructura.
La remoción de Jullar y Chinchilla se dieron luego de que, entre el 29 de julio y el 3 de agosto, manifestaron por escrito su oposición a cancelar reclamos económicos a favor de Azvi, pues la carretera presenta “defectos que son a todas luces evidentes”, los cuales incluso fueron señalados por el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme), de la Universidad de Costa Rica, en varios informes técnicos.
Por ejemplo, la losa del puente sobre el río Guarial tiene “un deterioro que demanda su reparación o reconstrucción”, hay deficiencias en la pintura de las barandas de tres puentes y existen asuntos pendientes relacionados con el manejo de taludes, pasos de fauna, acceso a predios, pasos peatonales y compensaciones ambientales por corta de árboles.
A pesar de estas observaciones y dos informes técnicos, el viceministro Guillén acordó girar $24.835 por una disputa sobre retrasos en pago de certificados, $173.292 por cemento, $16.027 por varias retenciones y $759.740 correspondientes a la garantía de cumplimiento. Así lo hizo en una reunión realizada el 26 de julio con Manuel Álvarez, representante legal de Azvi.
¿Es una casualidad que las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) decidieran retirar de sus puestos a los dos ingenieros?
“Como le comenté, eso fue una reestructuración porque había tres unidades (ejecutoras); el que planteó la reestructuración fue el viceministro (Guillén), él llegó y me dijo: ‘necesitamos reestructurar esto, porque tenemos triplicadas las funciones en tres unidades’, son el Comité Asesor, la unidad ejecutora y la unidad administradora, creo que así es como se llama” declaró Amador al ser consultado por La Nación.
Por su parte, Guillén sostiene que los movimientos responden a una reestructuración, pero admite que no existe un documento que explique en qué consisten los cambios, cuáles personas fueron removidas, cuáles son las razones de los movimientos y en qué mejora la administración.
“No es porque se opusieron a un pago. No, no, no, en lo absoluto. Simplemente fue una reestructuración que era necesario hacerla (...) Era algo que tenía que hacerse, esa parte de la reestructuración está resuelta, transparencia total. El ministro y yo nos comunicamos, yo le plantee, es una reestructuración que había que hacer por el bienestar del proyecto”, dijo Guillén.
Al insistir en por qué no existe un documento que explique las razones de la reestructuración y deje constancia de la reforma, Guillén respondió: “Yo no sé qué es lo que anda buscando, pero bueno... Simplemente se buscó una optimización de los recursos, es un asunto institucional y ya. Yo lo hablé con el señor ministro, se lo expliqué y le dije: ‘esto es lo que tengo planeado hacer’”.
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Un aspecto importante es que la figura de Ineco como unidad ejecutora, según reconoció Guillén, no desapareció del esquema de proyectos de obra pública, simplemente se separó al coordinador general.
Se intentó conocer la posición de Juyar Mora, pero dijo que no hablará sobre el tema.
Los 21,8 kilómetros de la carretera entre Paquera y Playa Naranjo tuvieron un costo de $27,5 millones, la obra fue inaugurada en mayo de 2021, con 20 meses de atraso.