Inician plan de protección a líderes sociales en Colombia
El ministro del Interior indicó que el plan para proteger a los líderes sociales se aplicará a los 65 municipios más afectados por la violencia en Colombia.
El nuevo Gobierno colombiano inauguró este sábado el primer Puesto de Mando Unificado por la vida (PMU) para proteger a la población contra la violencia, especialmente a líderes sociales, ambientales y firmantes de la paz.
La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, Susana Muhamad y el ministro del Interior, Alfonso Prada, encabezaron la presentación de un Plan de Emergencia para preservar la vida de activistas por los derechos humanos, excombatientes, sindicalistas e indígenas desde el municipio Caldono, Valle del Cauca.
“Hemos instalado el PMU, que es un puesto de mando para lograr la seguridad rápida en modo prevención, no en modo tristeza (como) cuando recibimos la noticia de la muerte de los líderes sociales”, aseguró el ministro Prada.
Prada explicó que el Plan abarcará los 65 municipios más afectados por la violencia en ese país, pero dará especial atención a 10 de ellos “que están en situación muy delicada y sistemáticamente están asesinando a los líderes”.
En ese sentido, el alto funcionario aclaró que el Gobierno ordenó cumplir de inmediato las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo y que, precisamente, una de ellas fue emitida para los municipios de Caldono, Buenos Aires y Santander de Quilichao, en el Cauca.
Por su parte, la ministra Muhamad dijo que este plan por la vida significa reconocer a los defensores de la tierra como personas que hacen una contribución positiva, importante y legítima a la promoción y protección de los DD.HH. relativos al disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible.
Muhamad aseguró que con el arranque del plan también comienza la implementación del Acuerdo de Escazú, a la espera de su ratificación por el Congreso.
De acuerdo con un comunicado reciente de la Defensoría del Pueblo en Colombia, entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2022 sucedieron 122 homicidios contra líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos.