Editorial: Tecnología para la seguridad
El esfuerzo de la Municipalidad de San José para crear un centro de vigilancia electrónica de las calles capitalinas es encomiable y digno de ser imitado, aunque no tenga todavía el número de cámaras propuesto en los planes originales. Hay 700 aparatos en los once distritos, con prioridad para las zonas más conflictivas. Falta mucho, pero la iniciativa ya rinde los frutos que confirman el rumbo. La vigilancia electrónica es uno de los medios más eficaces para ofrecer seguridad con menos personal.
No obstante, la principal limitación del programa es, precisamente, el personal disponible para atender el Centro de Monitoreo. Hay 32 personas, entre técnicos y oficiales encargados de vigilar las 700 cámaras, veinticuatro horas al día. Dependiendo del momento, puede haber entre cuatro y ocho oficiales frente a las pantallas donde reciben la señal de 700 cámaras. Trabajan en jornadas de 12 horas, un día de por medio.
La expansión del sistema tendría un impacto limitado si no aumenta el personal para sacarle pleno beneficio y ya es evidente un grado de desaprovechamiento de la capacidad de vigilancia instalada. La Policía Municipal requiere de por lo menos mil oficiales, según estudios de la Policía de Madrid citados por el director del cuerpo josefino, Marcelo Solano. No obstante, apenas llegan a 450, y de ese número no se puede sacar el personal necesario para atender las cámaras.
La meta de tener mil oficiales fue trazada en el 2010 para alcanzarla en el 2016, se aplazó para el 2020 y luego para el 2024. Solano no la cree realista a estas alturas. Las circunstancias, dice, no permiten pensar en la apertura de 500 o 600 plazas más en tan corto plazo.
Tiene razón, pero bien vale la pena volver a evaluar las prioridades. En el casco central de San José, ocurre un homicidio cada quince días, en promedio, y hay una víctima de asalto cada cuatro horas, aunque esta última estadística bien puede estar lejos de la realidad si se le suman los ataques no denunciados por ciudadanos sin esperanza de recobrar sus pertenencias o lograr la detención del delincuente.
El Ministerio de Seguridad Pública (MSP) pretende enlistar la cooperación de las demás policías municipales para crear un centro de videoprotección nacional con más de 5.000 cámaras existentes en todos los cantones. También en este caso el propósito es encomiable, pero su ejecución dependerá de los recursos disponibles para sacar provecho a la tecnología.
Bien manejadas, las cámaras pueden ayudar a coordinar la respuesta policial cuando ocurre un delito e, idealmente, cuando está por ocurrir. Ayudan a proveer asistencia a los oficiales que estén en el sitio y recaban pruebas para detener y procesar a los delincuentes. La vigilancia misma, acoplada a una expectativa razonable de respuesta eficaz, puede contribuir a prevenir los ataques por temor a estar siendo observado.
Pero ese buen manejo requiere personal. Las finanzas públicas, incluidas las municipales, no ofrecen grandes posibilidades en su condición actual, pero la revisión de prioridades siempre puede crear una oportunidad. El ahorro en seguridad sale caro, sobre todo con las dificultades económicas predecibles en tiempos de poco crecimiento de la economía, galopante inflación y rápida devaluación.
Mantener las calles seguras es un imperativo impuesto por la justa aspiración a vivir en paz y, también, por razones económicas. El turismo, fuente inagotable de divisas y empleos, tiene a la seguridad entre sus principales exigencias. La adopción de la tecnología multiplica la eficacia de las fuerzas policiales, sobre todo si no se hace a medias.