Gobierno frena proyecto de Cabildo Abierto sobre regulación de suelos de prioridad forestal

Este lunes 13 de diciembre, los ministros Mattos y Peña presentaron ante la Comisión de Ganadería del Senado un decreto, que lleva la firma del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que hace referencia a un ajuste en los criterios de clasificación de los proyectos forestales en Uruguay.

Según explicaron los secretarios de Estado, la iniciativa “agrega el control ambiental de las producciones menores a 100 hectáreas, lo que implica su registro y control”.

Asimismo, “ajusta los criterios para las producciones mayores a 100 hectáreas, dado que además de la dimensión del cuidado del suelo también incorpora la protección de las corrientes de agua, la biodiversidad y el valor patrimonial”.

Peña expresó que la propuesta “no necesita una nueva Ley forestal para llevarse a cabo, ya que la normativa existente proporciona las competencias para poder ajustar los criterios”.

No es necesaria una nueva Ley

Por su parte, Mattos reconoció la “virtud de que los legisladores de Cabildo Abierto llamen a la rediscusión de los aspectos de la Ley existente”.

“Desde la creación en el año 1987, la Ley forestal tuvo 27 modificaciones, y está instancia es otro avance desde el punto de vista de los controles ambientales no solo a la forestación existente, sino a los futuros proyectos, por lo que consideramos que una nueva Ley no es necesaria”, sentenció Mattos.

De este modo, el gobierno le pone freno a la iniciativa de Cabildo Abierto y se genera una nueva discrepancia con uno de los socios de la coalición multicolor.

El proyecto de Ley de Cabildo Abierto había sido aprobado en la Cámara de Diputados hace un año, el 15 de diciembre de 2020. A través de la iniciativa se proponía limitar la aprobación de proyectos forestales de bosques de rendimiento que sobrepasan densidades de siembra de 150 árboles por hectárea exclusivamente a las áreas comprendidas dentro de la Ley Forestal 15.939 y los decretos reglamentarios referidos a dicha ley.

La iniciativa establecía, asimismo, que los productores y empresas rurales, industriales o agroindustriales dedicados a la forestación, explotación o industrialización de maderas de producción nacional estarían obligados a la instauración de proyectos de rotación de cultivos.

El proyecto de Ley había sido aprobado por 54 votos a favor en 97 legisladores presentes. Contó con los votos de los parlamentarios del Frente Amplio, Cabildo Abierto y el Ecologista Radical Intransigente (PERI). La iniciativa pasó a la Cámara de Senadores para completar el trámite parlamentario.