Un regalo para Pedro Sánchez
La moción presentada por el PP este miércoles con la finalidad de que el Congreso de los Diputados rechazara los indultos a los condenados del Procés resulta difícil de entender. ¿De verdad tenía alguna esperanza Pablo Casado en que la mayoría que aprobó la investidura de Pedro Sánchez y que ha aprobado después los Presupuestos Generales del Estado, la ley de Eutanasia y la de Educación se quebraría a la hora de pronunciarse sobre los indultos?
La presentación de la moción ha sido un "regalo" para el Gobierno, que puede proceder ahora a aprobar los indultos con el aval de una mayoría de 190 diputados. No es solamente el Gobierno de coalición, sino una amplia mayoría absoluta de diputados, los que consideran razonable que los condenados por el Procés sean indultados.
Con la presentación de la moción en el momento procesal en que ha sido presentada, es decir, cuando ya se ha puesto fin a la tramitación del expediente administrativo y únicamente queda la decisión del Gobierno, el PP ha provocado una mutación en la naturaleza jurídica de los indultos, que dejan de ser actos administrativos, actos del Gobierno, para convertirse en actos políticos, en actos parlamentarios.
Un rechazo tan contundente de la moción supone un "plus de legitimidad" para los indultos. Ya no es el Gobierno, sino la mayoría del pueblo español representada por la mayoría de 190 diputados la que realmente ha tomado la decisión de indultar a los condenados del Procés. Y lo ha hecho de la forma más solemne que puede hacerse: mediante una votación en el Pleno del Congreso de los Diputados en respuesta a una moción de contenido inequívoco.
Con el resultado de la votación se facilita sobremanera la justificación de los indultos. El Gobierno podrá motivar su decisión con una referencia a la decisión del Congreso de los Diputados y alegar incluso que, tras la votación parlamentaria, ha quedado descartada la opción de no indultar. Una vez manifestada la voluntad del pueblo español por el único órgano constitucional que puede hacerlo, la ejecución de dicha voluntad por el Gobierno es obligada.
Al rechazar la moción del PP sobre los indultos, los 190 diputados han ordenado al Gobierno que los apruebe. El indulto de los condenados por el Procés formalmente será un acto del Gobierno, pero materialmente es un acto del Congreso de los Diputados. Política y jurídicamente la decisión del Congreso de los Diputados es previa a la decisión que ahora el Gobierno no puede dejar de tomar.
Con la votación parlamentaria queda cerrada, además, la posibilidad de interponer un recurso contra la decisión de indultar del Gobierno. Sin el aval parlamentario previo, el acto del Gobierno de indultar sería recurrible por la vía contencioso-administrativa ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Una vez que la decisión del Gobierno se adopta después de una votación parlamentaria que rechaza de manera inequívoca que no se indulte a los condenados por el Procés y que ordena, por tanto, al Gobierno que apruebe los indultos, ya no cabe recurso.
Hasta la votación de este miércoles en el Congreso de los Diputados de la moción del PP, los indultos se estaban tramitando como unos meros expedientes administrativos, pendientes exclusivamente de la decisión final por parte del Gobierno. Al haberse intercalado en dicho expediente administrativo una decisión parlamentaria en el sentido en que lo ha hecho, la decisión final del Gobierno ha quedado reducida a un simple acto de trámite, carente de sustantividad.
El Gobierno, en la aprobación de estos indultos, no puede manifestar ya una voluntad propia, sino que tiene que limitarse a ejecutar una voluntad ajena. Quien decide los indultos es la mayoría del "pueblo español" a través de la "mayoría de los diputados" que lo representa en el Congreso. El Gobierno no puede decidir nada distinto a lo que el pueblo español ha decidido.
Obviamente, también deja de tener sentido cualquier referencia al Rey. No es el Gobierno el que requiere la complicidad del Rey. Es la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados la que toma una decisión que exige la firma del Rey como punto final.
Que a nadie en el Grupo Parlamentario del PP se le haya pasado por la cabeza cuáles eran las consecuencias de la presentación de la moción, es un indicador más del proceso de descomposición en que el partido está inmerso.