Sara Lozano: Círculo ocioso y vicioso
Entre 2016 y 2020 la ciudadanía regia ha intentado en 16 ocasiones activar una Consulta Popular. Sólo dos lograron reunir las firmas, en 2017 el hoy gobernador electo logró reunir las correspondientes a Monterrey y San Pedro, buscaba hacer un corredor ecológico en el Río Santa Catarina. Ha sido la activación ciudadana que más lejos ha llegado porque sí la validó la autoridad jurisdiccional, el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJ). Aunque después la “tumbó” la Sala Monterrey del Tribunal Electoral Federal del Poder Judicial, por “inequidad en la contienda”, Samuel García iba por la senaduría.
El segundo intento fue en 2019, para el municipio de Higueras se tenían que recolectar 27 firmas, pero la pregunta no la validó el TSJ. Una tercera intentona ciudadana reunió las firmas en Doctor González, pero la autoridad verificadora, la Comisión Estatal Electoral (CEE), no las aceptó por presentarlas en papel y no a través de una aplicación. Sólo eran 60 firmas.
Las cuatro consultas a nivel federal que han logrado reunir las firmas utilizaron la estructura de algún partido político, caso similar a la de 2017 cuando Samuel que dirigía a Movimiento Ciudadano. La recolección de firmas sin apoyo partidista se ha logrado en municipios con poca población en donde el 2% es un número razonable para una persona común.
Hay un dilema, se supone que cualquier Mecanismo de Participación Ciudadana (MPC) es una vía legal para que la ciudadanía dialogue con sus representantes, un canal formal para corregirle la plana a quienes nos representan en el Poder Ejecutivo o Legislativo.
En agosto nos convocarán a votar una #ConsultaPopularMx supuestamente ciudadana porque sí reunió firmas, a través de MORENA y con el impulso del presidente López Obrador. Lo que es grave es que esta pregunta la trastocó la autoridad jurisdiccional, la Suprema Corte de Justicia. Por ley puede modificarla, que no es igual a alterarla. Se traduce en una violación a los derechos de cada persona que plasmó su firma, por más suprema que sea, la Corte no puede coartar la libre expresión ni cambiar el sentido o alcance de lo que originalmente apoyó la ciudadanía.
Un círculo ocioso y vicioso: unas autoridades que buscan una legitimidad que a pocos convence y una ciudadanía desencantada que no se va a defender porque no hay forma de hacerlo (ojo, no es que no le importe). Lejos de alcanzar los beneficios de los MPC para la fortalecer la democracia, la manipulación genera más desconfianza al gobierno y nutre a la desesperanza.
Pero hay futuro, hay estrategias y mejores formas de redactar/aplicar las leyes para que las autoridades no divaguen y los MPC, la #ConsultaPopularMx, no siga siendo letra muerta para la ciudadanía.