La debilidad fiscal del Estado: una encrucijada para México
Los próximos meses definirán la ruta del país para el trienio 2022 – 2024, el nuevo Secretario de Hacienda tendrá la responsabilidad de revisar los pre criterios de política que fueron presentados para el presupuesto 2022, y la expectativa es que presente un escenario del comportamiento de las finanzas públicas para el cierre de las actividades de la actual administración. El problema que enfrenta la Administración es su limitado nivel de ingresos tributarios que sólo representan el 14 por ciento del PIB, que compara desfavorablemente con los que tienen nuestros socios del USMCA, Estados Unidos cuenta con 24.5 por ciento y Canadá 33.5 por ciento. Esta relación es aún mas desfavorable con los países europeos en donde estos ingresos se ubican alrededor de 40 por ciento. Esta debilidad fiscal del Estado se traduce en un limitado gasto público, lo que afecta en forma sustantiva sus capacidades para realizar grandes proyectos que transformen la economía, e incluso aquellos avocados al mantenimiento de la infraestructura del país y la dotación de servicios básicos esenciales para el bienestar social (salud, educación entre otros). En un país lleno de huecos, la debilidad fiscal se convierte en un riesgo para la convivencia cotidiana, ya que la falta de recursos se ha reflejado en reducidos gastos de mantenimiento que han provocado accidentes como los de la Línea 12 del Metro.
En medio de esta trama, los empresarios se reunieron con el Presidente quien prometió no elevar los impuestos, aunque reiteró que se realizará una reforma fiscal. Este dilema parecería presentar una contradicción, sin embargo, esto puede ser resuelto si la restructuración fiscal se enfoca a atacar la informalidad que en términos fiscales es un gran hoyo negro y la evasión fiscal. Sobre la informalidad conviene señalar que de 6.3 millones de negocios que existen en México, 62.6 por ciento es informal (4.8 millones) y agrupa a 18.9 por ciento del personal ocupado, pero solamente genera 3 por ciento del valor agregado, de acuerdo con los Censos Económicos de 2019. Estos establecimientos informales son aquellos que tienen a cinco o menos personas ocupadas; no pagan contribuciones patronales o regímenes de seguridad ni otras prestaciones sociales; y no forman parte de una empresa con varios establecimientos. Los negocios informales no cuentan con personal proporcionado por otra razón social y no tienen pagos a otra razón social que contrata al personal y se los proporciona; no tienen gastos por servicios contables, legales y de administración; no tienen gastos por asesoría comercial, mercadotecnia y servicios conexos; y no utilizan un sistema contable, ni pagan los servicios de un contador externo para llevar sus cuentas. En contraste, 37.4 por ciento de los establecimientos en México es formal, concentra 81.1 por ciento del personal ocupado y aporta 97 por ciento del valor agregado; del personal ocupado, 12.5 por ciento es no remunerado, 87.5 por ciento remunerado y la remuneración promedio anual es de 133 mil 968 pesos.
En esta perspectiva una reforma fiscal amplia que incluya a este tipo de negocios sería una gran oportunidad para restaurar el tejido social de nuestra economía, que se ha desdibujado desde antes de la crisis. Sin embargo, no es de esperarse que este gran esfuerzo pudiera redundar en un sustantivo aumento de la recaudación ya que este tipo de negocios genera una baja parte del valor agregado y por lo mismo su contribución al fortalecimiento del Estado sería mínima. Sin embargo, la parte fuerte de la reforma fiscal podría centrarse en problemas de evasión y elusión de impuestos, lo cual sería algo que parece estarse construyendo desde el SAT, ya que su titular Raquel Buenrostro es la que el lunes pasado señaló que será en septiembre cuando se presente una reforma fiscal, reiterando que no se contempla aumentar impuestos.
Lo que se vislumbra es una reforma enfocada en dotar al sector público de mayores elementos de fiscalización, centrado en los grandes contribuyentes, tanto empresas como personas físicas, complementado con la formalización de redes de empresas informales. Sin embargo, esto nos mantendrá lejos de los niveles de recaudación fiscal de nuestros socios en América del Norte, aunque si se avanza en esta dirección podría dejarse una mejor Administración tributaria e iniciar con ello el fortalecimiento del Estado. Esta estrategia deja poco margen de maniobra para emprender grandes proyectos de infraestructura en sectores estratégicos, ni para fortalecer las Haciendas Públicas estatales, por lo que sería conveniente que las entidades federativas solicitaran un nuevo pacto fiscal que les permitiera contar con un mayor margen para realizar proyectos estatales.
La moneda está en el aire, ya que se han dejado ver los esbozos de la reforma fiscal, corresponderá a las fuerzas recién electas discutir estos elementos y que sean ellas las que configuren el entorno más amplio de la iniciativa que se les presente, y que no sólo acompañen a la misma, existe un gran espacio para remodelar el futuro del país y se podría añadir a la reforma fiscal el elemento urbano, ya que las ciudades podrían contar con mayores recursos si se diera una revaloración de los impuestos prediales. Esperamos que estas nuevas fuerzas tengan el vigor de proponer, ajustar y diseñar un sistema tributario adecuado al siglo XXI.