Las empresas tendrán que poner un 60% del coste de los proyectos financiados por la UE
Las empresas españolas empezarán a recibir este año los fondos procedentes de la Unión Europea destinados a transformar el tejido productivo tras la crisis de la covid-19, pero tendrán que financiar en un 60% o más el coste total de los proyectos de inversión para los que reciban subvenciones y ayudas.
Según ha podido saber Vozpópuli de fuentes cercanas a la gestión de estos fondos, el Ejecutivo quiere utilizar un sistema de cofinanciación para inyectar estas ayudas al tejido empresarial, de forma que como máximo tenga que cubrir el 30 o 40% del coste total del proyecto de inversión y el resto lo ponga el sector privado. De esta forma, el monto total de 150.000 millones de euros que le corresponden a España se apalancará y el crecimiento económico producido se multiplicará.
El Gobierno usará distintas vías para canalizar esos fondos, de los que espera liberar en 2021 un total de 27.000 millones.
Una parte de los fondos se repartirán según criterios de competencia competitiva y mediante dos vías: licitaciones -por parte de cualquier nivel de la Administración-, que se ejecutarán más rápidamente con la nueva regulación, o bien subvenciones y ayudas directas para proyectos de inversión, en las que como máximo un 40% del total procederá de lo público.
Colaboración público-privada
Otra parte se canalizará mediante formas de colaboración público-privada, como los consorcios, los convenios, las sociedades de economía mixta y los famosos Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE).
Para estos últimos, Hacienda va a crear un registro al que podrán adherirse compañías, que estará siempre abierto, y en el que se irán lanzando convocatorias a las que podrán ir accediendo varias firmas que podrían conformar un PERTE, si el Consejo de Ministros da su visto bueno. De todas formas, para conocer su detalle de funcionamiento habrá que esperar al reglamento definitivo.
Además, dentro de su labor emprendedora, el Estado ha definido cinco manifestaciones de interés (MDI), en las que considera que hay una infrainversión privada, y a las que quiere inyectar parte de los recursos. Son el hidrógeno verde, la tecnología en la nube, los satélites, las baterías de vehículos y los microprocesadores.