El Gobierno fija como prioridad en el arranque del año la eutanasia, el cambio climático y la ley que alargará la prescripción de los delitos sexuales

Congreso y Senado han echado el cierre para el parón navideño tras varios plenos en los que las bancadas de los partidos que sustentan al Gobierno han estado de celebración. La Cámara Alta aprobaron definitivamente los Presupuestos Generales del Estado de 2021, que dan a Pedro Sánchez oxígeno para una legislatura larga, y también la ley educativa, al no introducir ningún cambio respecto a los proyectos que salieron del Congreso. La mayoría de la investidura sale reforzada un año después de que PSOE y Unidas Podemos contuvieran la respiración hasta el último minuto para que la coalición echara a andar, aunque las tensiones son cada vez más evidentes en el seno del Consejo de Ministros.

Más allá de las iniciativas que han surgido para hacer frente a la pandemia -con multitud de decretos ley que recogen medidas como la paralización de los desahucios o los cortes de suministros eléctricos, los ERTE, los subsidios a parados y autónomos, etcétera-, el Gobierno quiere impulsar en 2021 su agenda legislativa, con la base del acuerdo programático que se vio alterada por la irrupción de la COVID-19.

Por eso al acelerón que pegó el Ejecutivo para aprobar las cuentas públicas cuanto antes -ahorrándose una semana y una segunda votación en el Congreso- y a la conocida como ley Celaá, que deroga la LOMCE, se sumó en el último Pleno la aprobación del dictamen para la legalización de la eutanasia. España está cerca de tener una regulación que permitirá ayudar a morir dignamente. Solo queda la tramitación en el Senado. El departamento que dirige Isabel Celaá se ha puesto ya en marcha para la prometida ley de Formación Profesional.

Otra de las prioridades para el próximo periodo legislativo será la ley de cambio climático. El Gobierno, que fijó la emergencia climática entre sus apuestas de los primeros cien días, aprobó en mayo el texto con el que blinda espacios como Madrid Central y prohíbe los coches nuevos que emitan CO2 a partir de 2040 con el objetivo de llegar a la neutralidad climática en 2050. Los trabajos parlamentarios ya han avanzado y la pretensión de los grupos que sustentan la coalición es que salga del Congreso a finales de febrero o principios de marzo. La normativa elaborada por la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, cuenta con bastante apoyo parlamentario: solo Vox y Foro votaron a favor de devolver el texto al Ejecutivo. El resto de partidos se opusieron a la enmienda a la totalidad presentada por la formación de extrema derecha. 

La ley de infancia y adolescencia es otro de los asuntos que el Gobierno quiere impulsar en los próximos meses. La iniciativa impulsada por la Vicepresidencia de Pablo Iglesias persigue las distintas violencias contra los menores así como los delitos cometidos a través de Internet, entre otras medidas. También conocida como ley Rhodes por el conocido pianista británico que fue víctima de abusos sexuales y que ha sido uno de sus principales acicates, alarga la prescripción de los delitos sexuales para que empiece a contar no desde los 18 años actuales, sino desde los 30. Durante la tramitación parlamentaria, PSOE y Unidas Podemos impulsaron un paquete de enmiendas entre las que se encontraba la suspensión del régimen de visitas entre un menor y su padre mientras esté en vigor una orden de protección por violencia de género contra él.

Las primeras semanas del año el Gobierno tiene pendiente la aprobación de la ley de vivienda, que regulará, entre otros asuntos, el precio de los alquileres en determinadas zonas. Ese fue uno de los principales escollos de la negociación presupuestaria y finalmente se impuso la tesis del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, de que fuera esa normativa estatal la que recogiera esa medida. El compromiso alcanzado en octubre contemplaba que la regulación estuviera lista en tres meses y llegara al Congreso en cuatro. Esa es una de las normas que figuraban en el Plan Normativo 2020 que el Gobierno actualizó en septiembre, pero que no se ha llevado a cabo.

En ese mismo paquete de promesas que tendrán que esperar más de lo inicialmente previsto está la ley de secretos oficiales que tiene que presentar el Ministerio de Defensa. Esa es una de las exigencias del PNV, que ve frenadas sus aspiraciones desde 2016. Esta legislatura volvió a presentar su propia iniciativa en el Congreso, pero de momento está paralizada en el proceso de elaboración de enmiendas. El objetivo de los nacionalistas vascos es establecer un procedimiento para desclasificar documentos históricos declarados secretos en un plazo máximo de 35 años y reservados en 10 años, lo que permitiría sacar a la luz papeles aún ocultos de la Transición, del intento de golpe de Estado del 23F o de la actuación de los GAL. También se ha retrasado la aprobación de la modificación de la ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo. Fuentes de Interior aseguran que se están "cerrando los últimos flecos" junto al Ministerio de Hacienda. Durante este año, el PP ha vuelto a recurrir al mantra de ETA contra la izquierda.

El Consejo de Ministros también tiene pendiente dar luz verde a la ley de memoria democrática, una de las banderas del PSOE, que está a la espera de los preceptivos informes legales. El departamento de Carmen Calvo da por cumplido ese objetivo y prevé comenzar en el próximo semestre la elaboración de una Ley sobre Libertad de Conciencia.

También en el primer trimestre está previsto que el Ministerio de Igualdad impulse la conocida como ley del solo sí es sí y la ley de igualdad de las personas LGTBI y la conocida como ley Trans. Las tres han quedado pendientes del plan normativo que el Gobierno aprobó en septiembre para lo que quedaba de año, pero el compromiso es impulsarlas cara al 8M. La primera supuso la primera gran batalla en el seno de la coalición durante el primer trámite de aprobación del Anteproyecto. La segunda ya ha provocado tensiones internas que anticipan la pelea entre las distintas posiciones que defienden PSOE y Unidas Podemos ante la ley Trans.

También se vaticina guerra en materia de reforma laboral y de pensiones. Las discrepancias entre la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, y el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, con la de Trabajo, Yolanda Díaz, y el vicepresidente Iglesias son cada vez más evidentes. En Unidas Podemos están asombrados con la intención de Escrivá de remitir una propuesta de reforma de las pensiones que choca con el acuerdo del Gobierno de coalición.

Otro de los asuntos que se ha quedado en el tintero es la reforma del Código Penal con la que se modificará el delito de sedición. Los de Sánchez sostienen que el cambio es una adecuación de la norma española a la del resto de Europa, pero en la práctica podría suponer una rebaja de las penas que allanará la salida anticipada de la cárcel de los líderes independentistas condenados por el procés. A pesar de que figura en el plan normativo de 2020, el Ejecutivo ha priorizado otras iniciativas y, con el horizonte de las elecciones catalanas en febrero, no fija una fecha más allá del genérico "más pronto que tarde" que expresó el presidente en una entrevista en El Periódico. 

En el ámbito parlamentario, PSOE y Unidas Podemos también quieren pisar el acelerador en tres asuntos para los que han pedido habilitar el mes de enero -habitualmente inhábil- y que avancen los trabajos. El primero es la proposición de ley con la que pretenden limitar la capacidad de acción del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mientras está en funciones. El objetivo principal es que el órgano de gobierno de los jueces no pueda hacer nombramientos mientras está bloqueado -como lleva más de dos años-. Es una fórmula de presión, además, para que el PP se avenga a negociar la renovación. 

Por el momento la propuesta de cambiar las mayorías necesarias para elegir a ese organismo y sortear el veto de Pablo Casado sigue aparcada y la idea de la cúpula socialista es dar de margen hasta que pasen las elecciones catalanas del 14 de febrero. No obstante, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, rechazó este martes que el PSOE vaya a "tramitar nada" relativo a esas mayorías. Fuentes de la Vicepresidencia primera matizan que se refería a hacerlo a través de la iniciativa que está ahora mismo en tramitación y no que renuncie a hacerlo si persiste la negativa de Casado. 

La renovación del Consejo de Administración de RTVE, cuyo mandato venció en 2018, es otro de los asuntos que el Congreso pretende culminar el primer trimestre. La idea es acabar el concurso público que lleva meses paralizado y que los grupos escojan de entre los 93 candidatos a los diez miembros que se harán con las riendas del ente público -en manos de Rosa María Mateo como administrador única desde 2018-.

El Congreso también podrá iniciar los trabajos de la comisión de investigación de la Kitchen, que abordará el uso de fondos reservados y de la policía política para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas y destruir pruebas que incriminaban al PP en la trama Gürtel. El organismo se constituyó este martes y la intención es que en los próximos días se establezca el plan de trabajo, incluyendo el listado de comparecientes que debe consensuarse entre los aliados del Gobierno. Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal y Jorge Fernández Díaz tendrán que desfilar por el Congreso.

En la cúpula socialista no descartan que también lo haga el excomisario Villarejo -a quien no quisieron dar voz en la comisión de investigación sobre la policía política- pero rechazan la pretensión de Unidas Podemos de llamar a Casado quien, sostienen los socialistas, no tenía responsabilidades de dirección en el PP cuando se produjeron los hechos.