Hacienda acepta que los ayuntamientos sin ahorros opten al reparto del fondo de 5.000 millones para intentar salvar el real decreto de gasto del superávit

El Gobierno mantiene la respiración contenida hasta el último momento, pero se hace ya a la idea de que se enfrenta a su primera derrota parlamentaria con el decreto para el gasto de los ahorros de los ayuntamientos. El Ministerio de Hacienda ha hecho una última concesión en una negociación in extremis para desvincular hasta 3.000 de los 5.000 millones de la cesión de los ahorros de los ayuntamientos al Gobierno, condición indispensable hasta ahora para el Ejecutivo.

De esta forma, se crearía un fondo similar al que se entregó a las Comunidades Autónomas, pero esta vez para las entidades locales, tal y como habían reclamado la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el de Valencia, Joan Ribó. Desde En Comú Podem, que forma parte de Unidas Podemos, se había reiterado esta condición en las últimas horas como condición para no romper la disciplina de voto y posicionarse en el Congreso contra una medida del Gobierno del que participan.

Pese a esta última oferta, en el Ejecutivo hay pocas expectativas de que salga adelante el real decreto en el Congreso, donde hasta ahora casi todos los grupos habían rechazado la propuesta de que los consistorios con remanentes de tesorería puedan gastar 5.000 millones de euros en dos años a cambio de ceder al Estado todos sus ahorros, que luego irían recuperando en un plazo de 15 años. El debate de ese decreto comenzará este jueves a las 9 de la mañana y en ese momento la suerte ya estará echada, porque el 50% del Hemiciclo habrá votado telemáticamente antes de esa hora. Si hay un acuerdo de última hora, tiene que ser antes.

Y en esa negociación llevan Hacienda y los grupos parlamentarios los últimos días. En las filas socialistas ya se daba por hecha la derrota de una propuesta que salió adelante en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) gracias al voto de calidad de su presidente, el socialista Abel Caballero, del voto favorable de los regidores del PSOE -que lo apoyaron, en muchos casos, a regañadientes- y la abstención del representante de Unidas Podemos, Pedro del Cura, quien cambió del ‘no’ a la abstención con la intención de permitir la negociación que se ha prolongado hasta el último momento. A pesar de que nadie avalaba ese decreto, Pedro Sánchez lo presentó en un acto en la Moncloa la víspera de su aprobación en el Consejo de Ministros. 

Un mes después la batalla sigue coleando y los socialistas se han tenido que remangar para salvar el decreto que supondría una inyección de 5.000 millones para los consistorios en los próximos dos años a cambio de que presten sus ahorros al Estado a través del Tesoro con un compromiso de devolución de diez años a contar desde 2022. 

Los grupos de todo el arco parlamentario, incluidos los socios del Gobierno, lo consideran un "chantaje", "incautación" o una "coacción". “Estamos en ello. Aún no hemos cerrado, pero lo estamos intentando”, expresan en la cúpula socialista. “Hacienda parece que se está moviendo, pero aún no está cerrado”, señalaban a media tarde desde Unidas Podemos. La negociación entre los dos integrantes del Ejecutivo de coalición ha ido en paralelo a la de Hacienda con los demás grupos parlamentarios, para intentar al menos salvar la unidad de acción de los partidos del Gobierno.

Especialmente críticos con la medida han sido los diputados de En Comú Podem, hasta el punto de que la propia alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se ha implicado directamente en la negociación. Colau se ha desplazado este miércoles a Madrid, donde además de ofrecer una entrevista en TVE ha mantenido varias reuniones precisamente sobre las negociaciones de este real decreto. Entre otros, se ha reunido con el vicepresidente segundo y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, y con el jefe de filas de los comunes en Madrid, Jaume Asens, para buscar una posición conjunta de negociación.

El movimiento de Hacienda ha sido aceptar que de esos 5.000 millones que previamente los ayuntamientos con ahorros cederían al Estado se puedan beneficiar no solo ellos sino también los que no tienen superávit. Entre este segundo grupo, la parte que les corresponde se repartiría de acuerdo a un criterio poblacional. 

Fuentes de la negociación aseguran que un 60% del dinero podría ser “a fondo perdido”. El otro 40% se destinaría a las entidades que sí aceptaran poner sus ahorros a disposición del Gobierno, según han confirmado a eldiario.es fuentes de la negociación. “Hacienda se está moviendo”, reconocen desde En Comú Podem. 

Con todo, los votos para que se apruebe el real decreto están lejos de conseguirse. Esta sería la primera derrota parlamentaria para el Gobierno de coalición y de las pocas que se han visto en el Congreso en la convalidación de ese tipo de normativas, que entran en vigor nada más aprobarlas el Consejo de Ministros, aunque las tiene que ratificar el Parlamento. Los dos casos anteriores se produjeron con el decreto de la estiba durante el último mandato de Mariano Rajoy y con el del alquiler, impulsado en el primero de Sánchez. 

“Hemos transmitido a todos los grupos la necesidad de convalidar este decreto ley en aquellos aspectos que son imprescindibles para el funcionamiento de ayuntamientos”, expresó este martes María Jesús Montero, que se refirió a cuestiones como el fondo de 400 millones para afrontar la caída de ingresos del transporte, la suspensión de la regla de gasto o la actualización de la financiación autonómica en base al crecimiento del 1,6% del PIB que había en enero antes de la crisis de la COVID-19. 

“Les he propuesto dejar para la tramitación como proyecto de ley ofreciendo a los diputados de PSOE y Unidas Podemos para abordar de forma puntual la cuestión relativa al fondo de 5.000 millones que se pone a disposición de los ayuntamientos y el manejo de los remanentes en forma de préstamos hacia el Estado”, apostilló Montero.

De esta forma, el Gobierno lograría salvar el decreto al que se introducirían cambios consensuados por los grupos parlamentarios. “Nuestra propuesta ha sido que se convalide, que se tramite como proyecto de ley y el Gobierno se compromete a no hacer nada con estos aspectos hasta que el Congreso adopte una fórmula que sea más consensuada con el resto de formaciones que no la comparten”, zanjó la ministra de Hacienda.

Y son esas enmiendas las que se están abordando en el último minuto con todos los grupos, incluidos los socios de Gobierno. “Es más un pacto del PSOE con el propio PSOE que con el resto de formaciones políticas", reprochó Jaume Asens a los socialistas.

A pesar de que el cambio aceptado por Hacienda acerca las posiciones en el seno del Gobierno, en el momento de redactar esta información, el Ejecutivo sigue sin tener asegurados los apoyos suficientes. Con todo, en Unidas Podemos confían en un efecto dominó si se confirma oficialmente que una parte del fondo será a fondo perdido. “3.000 millones es mucho dinero, es un cambio sustancial”, apuntan desde los comunes.

Los de Pablo Casado ya han anunciado que escenificarán su rechazo con la presencia de importantes ediles conservadores en la tribuna del Congreso. Reclaman “un fondo sin condiciones de 5.000 millones de euros” que no esté vinculado con la cesión de los remanentes en la línea de lo que ha ofrecido Hacienda, pero para la totalidad del fondo. También piden que “se habilite la modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para posibilitar que los consistorios puedan gastar los 15.000 millones de euros que tienen ahorrados después de muchos esfuerzo”, según ha informado Génova en un comunicado. Se da la circunstancia de que esa norma que es la que arrastra este conflicto de los ayuntamientos con el Estado la aprobó Cristóbal Montoro. El exministro ha defendido este miércoles en TVE que la normativa se puede suspender “en situaciones de excepcionalidad”. Su derogación figura en el acuerdo programático de la coalición, pero aún no se ha acometido. 

El PNV mantiene los contactos con el Gobierno, pero de momento se mantiene en el no, según fuentes de la formación, que critican cómo se ha gestionado este decreto por parte de Hacienda. Los nacionalistas vascos recuerdan que Euskadi tiene una singularidad económica y financiera en su relación con el Estado por lo que sostienen que cualquier acuerdo de esta naturaleza tendría que haberse canalizado a través de la comisión mixta de concierto. EH Bildu también ha sido muy crítico con el planteamiento de Hacienda y mantiene el rechazo “a expensas de que hagan alguna modificación más en las próximas horas”.

ERC tampoco se mueve porque exige un “replanteamiento global” del decreto. “No podemos funcionar con los presupuestos de Montoro, bueno, tampoco podemos funcionar con las normas de Montoro”, señalan desde el grupo que pilota Gabriel Rufián, desde el que sostienen que hay mecanismos para que los ayuntamientos puedan gastar ese dinero. JxCAT y otras fuerzas minoritarias, como Más País-Equo y Compromís, también mantienen el rechazo, aunque las conversaciones siguen abiertas.