Javier Amieva: La corrupción de la anticorrupción al inicio del T-MEC
El 1 de julio de 2020, México, Estados Unidos (EU) y Canadá reemplazarán el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) de hace 26 años con un nuevo acuerdo, denominado USMCA en EU y T-MEC en México.
La fecha de vigencia acordada por los protocolos de los tres países que signaron el nuevo acuerdo comercial es el próximo primero de julio y el desafío de lo que fue una encarnizada batalla de un grupo negociador de México, contra un robusto ejército de funcionarios nombrados por Donald Trump para terminar “con el tratado del que más se había abusado de la bondad de EU”, seguido de un corto período de implementación y una espera de instancias legales bajo la sempiterna amenaza del primer mandatario de EU con dar marcha atrás a este acuerdo.
Aunado a lo anterior, durante lo que sería la etapa de emisión de leyes reglamentarias se vio agravada por la actual pandemia de Covid-19, que ha paralizado gran parte de la industria en los tres países donde hoy las empresas operan en condiciones extremadamente difíciles o han permanecido cerradas debido a las directivas gubernamentales; en México se dieron clausuras a la industria, misma donde hoy se llama a “reganar la libertad”.
Algunas empresas, incluidas las automotrices, detuvieron la producción y hoy es un reto reiniciar la logística por falta de partes, problemas de producción en Asia y otros países proveedores y porque muchos pequeños distribuidores de la industria de las maquiladoras en México, simplemente no están listos.
El tráfico de mercancía de importación por los puentes de Port-Laredo, ejemplifican y son termómetro de lo que ha sido la realidad: 38 por ciento es al menos la caída de operaciones vehiculares, agentes aduanales manifiestan que sus operaciones han caído al menos el 50 por ciento y muchos empresarios se quejan de que las autoridades fiscalizadoras en México con su abrumadora burocracia y excesiva presión causa terrorismo fiscal y los empresarios, por ello no pueden funcionar correctamente.
En los blogs de agentes aduanales y especialistas de puertos, se denota una falta de información por parte de las autoridades ya que los gobiernos apenas han comenzado a emitir orientación en algunas áreas críticas para las fronteras como los son las normas de origen.
En reconocimiento de su complejidad, las reglas de origen automotrices se relajarán en el contexto de la pandemia de Covid-19. Si bien las regulaciones uniformes se están publicando ya, con anticipación de unas cuantas semanas, según lo requerido por la legislación de implementación estadounidense, estas se finalizarán después de que se completen las negociaciones en curso sobre estas reglas operativas.
La experiencia pasada con el TLCAN fue que desde el momento de su implementación en 1989 y en 1994, sugiere que la industria solo puede comenzar a realizar adecuadamente las reglas relevantes cuando se publican a través de regulaciones detalladas y coherentes del gobierno que las emite y además deberá de haber coordinación entre los tres países-miembros. Sin embargo, en el pasado, ese período generalmente ha sido muy largo, y esto tratándose no bajo circunstancias anormales y drásticas de una pandemia mundial.
El T-MEC entonces se pondrá en marcha bajo estas condiciones negativas y con un novel funcionario en su calidad de Director de la Administración General de Aduanas (AGA), área donde las leyes para mejorar las operaciones aduaneras no han avanzado en lo absoluto porque la prioridad de la administración AMLO es “acabar con la corrupción”, con esa meta en mente, se ha implementado un programa de “Agente Certificado Anticorrupción”, pero en la realidad ninguno de los dos anteriores administradores de AGA bajo AMLO, han podido hacer nada porque existe dentro de su administración una lucha por el control de este vellón de oro, contrario sin duda a un espíritu anticorrupción, o sea la corrupción de la anticorrupción.
El panorama del T-MEC, entonces “certificando” agentes o empresas aduanales, se hace más complejo cuando el gobierno incluye a elementos u organismos privados a un programa para terminar con la corrupción en las aduanas.
El negocio de las aduanas es muy añejo y jugoso y nadie que esté ganando millones de pesos diariamente cejara de delinquir. Pero en cambio sí, al incluir a una obligación y tarea netamente gubernamental para acabar con la corrupción, obliga a organismos ajenos, llenándolos de burocracia y alentando el comercio internacional, como resultado pueden ponerse en peligro a agentes aduanales, incluso a sus clientes y asociados.
El autor es analista político en Texas, y experto en temas de la frontera México-Estados Unidos.
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