La principal asociación de jueces denuncia el “clima de presión intolerable” en Cataluña

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha clausurado su XXIV Congreso en Zaragoza con un mensaje muy claro en defensa de los jueces destinados en Cataluña. En una moción, la agrupación mayoritaria en la carrera -con alrededor de 1.400 asociados- denuncia el “clima de presión intolerable” en el que tienen que ejercer su trabajo diariamente “en defensa del Estado de Derecho y de las libertades públicas”. Tras ponderar el “esfuerzo extraordinario” que realizan, la APM reclama a los responsables políticos que se encarguen de garantizar que puedan desarrollar su función jurisdiccional “sin coacciones ni violencias dirigidas a quebrar la independencia judicial”.

Al margen de Cataluña, en las conclusiones sobre medidas para agilizar la Justicia la APM que se mantenga en manos de los jueces la instrucción de las causas. Y solo horas después de que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, soliviantara a la carrera fiscal al mantener que la Fiscalía “depende” del Ejecutivo, la asociación esgrime precisamente “la independencia de jueces y magistrados, sin otro sometimiento ni obediencia que no sea el que debe a la ley”, para reclamar que la instrucción no pase a manos de los fiscales, una constante reclamación del Ministerio Público. Además, la APM recuerda que el juez, con la Constitución en la mano, es “el garante de los derechos e intereses legítimos de todos los ciudadanos”.

La asociación judicial también da un paso al frente en un asunto siempre delicado: la relación de los jueces con los medios de comunicación. Y tras poner de relieve la existencia de una “notable carencia”, la comunicación, la APM propone la creación del juez portavoz en cada Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que los magistrados puedan “recibir formación específica en materia comunicativa” y mejorar la comunicación entre los gabinetes de prensa de los TSJ y los jueces.

Las conclusiones tampoco eluden una de las principales rémoras de la Judicatura, el colapso de los juzgados. Y para aliviar esa sobrecarga de trabajo, defiende que el número de asuntos repartidos a cada órgano judicial se adapte “a su capacidad objetivada de respuesta”, articulando a la vez mecanismos para dar “satisfacción urgente a las materias que lo precisen”.

En la jurisdicción civil, entre otras medidas la APM considera “inaplazable” la reforma “en profundidad” de la Ley de Planta y Demarcación y mejorar la situación de los jueces de adscripción territorial, sugiriendo una posible reorganización como “tribunales de instancia”.

Y en cuanto a las nuevas tecnologías, la asociación asegura mantener una postura “abierta” a su uso en beneficio de una Justicia eficaz y de calidad. Pero se queja al mismo tiempo de la existencia de “sistemas diferentes” de gestión procesal en las comunidades autónomas con las competencias transferidas, lo que dificulta la coordinación entre distintas instancias. De ahí que reclamen que se unifique el Expediente Judicial Electrónico “para que sea único en todo el territorio nacional”.

En el congreso ha sido reelegido como presidente de la APM el magistrado Manuel Almenar, ex vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y actual presidente de la Sección Primera de la Audiencia de Pontevedra.