El PP se remite a la Ley de Partidos para justificar la moción de la Asamblea
Desde el PP han recordado que esta cobertura normativa es la que permitiría activar el procedimiento para ilegalizar formaciones políticas propuesto desde la Asamblea de Madrid.
Algo que el propio líder del partido, Pablo Casado, ya había pedido al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, al plantearle que estudiara la aplicación de esta norma.
En concreto, en la reunión que ambos celebraron el pasado 16 de octubre en el Palacio de La Moncloa, tras los primeros altercados en Cataluña después de la sentencia del "procés", Casado propuso al jefe del Gobierno en funciones una serie de medidas que ya había lanzado con anterioridad, como la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional.
En este paquete de medidas, el líder del PP incluyó la aplicación de la Ley de Partidos "si la violencia fuera grave e institucionalizada" para la "ilegalización de las organizaciones políticas que promuevan actos violentos o sabotajes graves".
El Partido Popular cree que los artículos de esta norma en los que podría caber el proceso de ilegalización demandado desde la Asamblea de Madrid son el 9 y el 11.
En el primero de ellos se especifican las conductas realizadas "de manera reiterada y grave" que permitirían declarar ilegal un partido cuya actividad "vulnere los principios democráticos, particularmente cuando con la misma persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático".
Figuran entre estas conductas "fomentar, propiciar o legitimar la violencia como método para la consecución de objetivos políticos" y una larga relación de actividades de amparo al terrorismo, así como "dar cobertura a las acciones de desorden, intimidación o coacción social vinculadas al terrorismo o la violencia".
El artículo 11 especifica que quienes pueden instar la declaración de ilegalidad de un partido y su consecuente disolución son el Gobierno y el Ministerio Fiscal, y que el Congreso o el Senado podrán también instar al Ejecutivo a que solicite esta ilegalización, lo que le obligaría a formalizarla.