Los presos del 1-O podrán salir a la calle porque la sentencia del Supremo no pidió “medidas de seguridad especial”
Torra quiere otorgar a los condenados por el 1-O un régimen penitenciario de semi-libertad en apenas unos meses. Así se lo transmitió la consejera de Justicia de la Generalitat, Ester Capella, a Junqueras y el resto de internos de Lledoners, tal y como informó ayer El Mundo. Desde la prisión, confirman que esos planes podrán llevarse a cabo gracias al Tribunal Supremo
Así lo explican al Confidencial Digital funcionarios de la cárcel de Lledoners, que dan por hecho que todos los condenados en el juicio del 1-O “no tendrán problemas” para lograr un régimen de semi-libertad en los próximos meses.
Una opción es que todos ellos obtengan el tercer grado, aunque esa posibilidad parece lejana, ya que se da por seguro un recurso de la Fiscalía del Estado que podría paralizar esa vía.
Por tanto, tal y como adelantó El Mundo, la fórmula más viable es que todos ellos sean calificados como presos de segundo grado. Una calificación que permite a todos los reos, una vez obtenida, tener acceso a permisos extraordinarios para salir de prisión, y que ya usó en su día Oriol Pujol para lograr un “tercer grado encubierto”.
Para que Oriol Junqueras y el resto de políticos presos puedan estar durante buena parte de la jornada fuera de la cárcel, se les deberá aplicar, una vez obtenido el segundo grado, el artículo 100.2 del reglamento penitenciario.
El citado artículo permite a los presos tener un empleo u otra ocupación fuera de prisión y todos los días de la semana, con el único requisito de pasar la noche entre rejas.
El Supremo “lo ha puesto fácil”
Esta hoja de ruta depende, recuerdan las fuentes consultadas, del dictamen de las juntas de tratamiento, que son las que hacen una propuesta final sobre la calificación de grado de cada uno de los presos.
No obstante, añaden desde Lledoners, “no va a haber voces discordantes” para la aplicación de un segundo grado. Primero, por el temor a “represalias” de las direcciones de las cárceles y de la Generalitat. Y, segundo, porque “no existen argumentos, en la propia sentencia, para impedir esta calificación”.
En ese sentido, recuerdan que la Fiscalía pidió, en su día, “medidas de seguridad especial” para los procesados. No obstante, el juez Marchena no incluyó esa exigencia en la sentencia, por lo que “ha dejado abierto el segundo grado y la aplicación del 100.2”.
Además, añaden, “se ha reducido a la mitad la condena solicitada para algunos de los presos, lo que justifica la flexibilización de grados recogido en ese artículo. Tienen todo a favor para disfrutar de la semi-libertad”.
Nadie, además, va a decir otra cosa: “Ni los directores de las cárceles, ni los responsables de las juntas de tratamiento tienen argumentos en contra de esos permisos. Por lo que solo es cuestión de tiempo. Cuando les hagan la evaluación de grado, todo se activará”.