El Supremo debe publicar ya la sentencia del ‘procés’ si no quiere filtraciones ni claras injerencias políticas

La crisis económica galopante cada vez más presente en la vida española y la sentencia del Tribunal Supremo sobre el golpe catalán van a dominar la campaña electoral en curso y ambas cuestiones, cada vez más cercanas a la realidad política española, preocupan especialmente a Pedro Sánchez que es el autor y primer responsable de la repetición electoral porque tuvo en su mano la posibilidad de formar gobierno con Podemos y lo rechazó.

En estas circunstancias crece la expectación sobre la sentencia del procés que fuentes próximas al Tribunal Supremo aseguran que está redactada con la unanimidad de los magistrados que integran el Tribunal juzgador. Por lo que se espera su inminente publicación y comunicación a los procesados -nueve de ellos en prisión preventiva- probablemente en los primeros días de la semana entrante.

De lo contrario el Tribunal Supremo corre el riesgo de que se filtre a los medios de comunicación el resultado del fallo, parcial o completo, y que un retraso excesivo sea interpretado como una concesión o favor electoral del Supremo al Gobierno del PSOE. Lo que dañaría el prestigio del Tribunal y su independencia y permitiría interpretaciones sesgadas del fallo.

Además si el retraso supera el 15 de octubre el Supremo deberá celebrar una ‘vistilla’ para prorrogar la prisión preventiva de los procesados que han cumplidos el máximo de dos años como presos preventivos, entre los que están Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Lo que, por otra parte, anunciaría que para ellos la sentencia será condenatoria y las penas que les esperan muy importantes.

El que la sentencia será condenatoria es algo que nadie duda aunque falta por ver los delitos que se les imputan a los golpistas, que pueden ser el de rebelión, como pide la fiscalía y la acusación particular, o de sedición como lo solicita la Abogacía del Estado. Y también están en juego los delitos de malversación y desobediencia para buena parte de los procesados.

Asimismo, la sentencia dejará claro que Oriol Junqueras fue el responsable máximo del golpe y falta por ver, en caso de delito de ‘rebelión’ si a este se lo califica en grado de ‘tentativa’ y si en consecuencia el fallo incluye alguna reducción de las penas en uno o dos grados.

Lo que de ocurrir en este último caso permitirá los condenados, al haber cumplido dos años de cárcel y si ello representa el 25 % de sus condenas, alcanzar de manera inmediata el ‘tercer grado’ penitenciario. Lo que les permitirá salir de prisión. Salvo en el caso de una alta pena a Junqueras y algún otro condenado (al sumar rebelión o sedición y malversación).

A lo que, en todo caso, habrá que sumar la inhabilitación de los condenados desde el mismo día de la publicación de la sentencia, lo que les impedirá a Junqueras y demás condenados concurrir a las elecciones generales del 10 de noviembre como pretenden los primeros dirigentes de PDeCAT Y ERC.

Unas elecciones en las que está sentencia del Supremo tendrá un impacto muy elevado a nivel nacional y en el territorio catalán de especial manera. Y que obligará a todos los partidos políticos a pronunciarse sobre ella y en el caso del Gobierno a su presidente en funciones, Pedro Sánchez, a desvelar si piensa o no conceder indultos a los condenados.

Lo que en todo caso le exigirán a Sánchez los líderes de primeros partidos de la Oposición, Pablo Casado y Albert Rivera, mientras que Pablo Iglesias e Íñigo Errejón pedirán los indultos y criticaran la condena, lo que dejará a los dos partidos -empeñados en sacar escaños en Cataluña- en mala posición en el resto de España. Mientras a Santiago Abascal la sentencia siempre le parecerá insuficiente.

Aunque quien mayor riesgo corre con la sentencia es Pedro Sánchez porque las condenas confirmarán que sus concesiones recientes a Torra, PDeCAT y ERC estaban fuera de lugar y solo respondían a la necesidad de Sánchez de lograr la abstención de estos partidos en su fallida investidura del 25 de julio.

En todo caso, el Tribunal Supremo, salvo que tenga dificultades internas para conseguir la unidad de los magistrados que han de firmar el fallo, no debe de retrasar ni un solo día más la publicación de la sentencia. Entre otras cosas porque existe -como lo vemos a diario en la Audiencia Nacional- el riesgo de filtración del fallo a los medios lo que sería un desastre procesal con consecuencias políticas.

Y no digamos lo que pasaría si, como sugieren desde el Gobierno (el propio Tezanos, director del CIS), la publicación de la sentencia se aplaza hasta después de la jornada electoral del 10-N. En ese caso la independencia del Tribunal y la credibilidad de su veredicto resultarían muy dañadas al quedar en evidencia el sometimiento del Tribunal Supremo al Gobierno y además por un claro interés electoral.

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