Torturas, vejaciones y 10.000 asesinados por ser católico: lo que revelan las palabras de Díaz Ayuso
La propaganda, y no la historia, impone un relato buenista de los años de la II República. En el imaginario aparece como una etapa de prosperidad económica y avances sociales y culturales. Se desdeña adrede no solo los desórdenes y los procesos revolucionarios que llevaron a que facciones alejadas de la derecha se enfrentaran entre ellas, incluso con sangre, sino las atrocidades cometidas contra religiosos y edificios de culto. No se trata de un asunto menor, ni mucho menos de una leyenda urbana usada por posiciones conservadoras para atacar al contrario. La aberración de la mal llamada “Memoria Histórica” (la memoria siempre es subjetiva) anhela, sin embargo, que exista un único retrato oficial de las desgracias que sufrió España en los años treinta y que desembocaron en una tragedia de la que aún hoy no se ha recuperado. Por suerte, hay reputados historiadores, de uno y otro signo político, que han estudiado a fondo ese periodo, y pueden arrojar luz, con diferentes y legítimas interpretaciones, sobre el pasado. El Congreso de los Diputados en pleno a principios de este siglo abominó de las atrocidades perpetradas por ambos bandos e instó a la búsqueda de los familiares que aún yacían en las cunetas. De poco sirvió. Más que reconciliación se abrió la puerta a la revancha y a la imposición del discurso único, y a que por la Ley de Memoria Histórica se cambiara el callejero de ciudades como Madrid. Eso sí, solo para los nombres que trabajaron en tiempos de la Dictadura, daba igual lo relevante de sus hazañas, no de aquellos que en años anteriores a la llegada de Franco cometieron sus tropelías. Ser “rojo” fue el salvoconducto para salvarse del juicio moral. Los mentores de ese revisionismo a su medida se niegan, por ejemplo, a reconocer, el acoso criminal a los católicos.
Valga este prólogo para poner en situación al lector y juzgue él mismo sobre el encendido debate que revolucionó la Asamblea de Madrid esta semana. La presidenta Isabel Díaz Ayuso terminó una respuesta sobre la ley de Memoria Histórica y el traslado de los restos de Franco con la siguiente pregunta: “¿Qué será lo siguiente? ¿Las parroquias arderán como en el 36?” Parece evidente que Ayuso intentó construir una réplica “retórica”, como ella misma reconoció. El Partido Popular ha tenido que dar cientos de explicaciones, como si referirse a un episodio real y doloroso supusiera su radicalización mientras que cuando los miembros de Podemos sueltan sus soflamas (“arderéis como en el 36” gritaba Rita Maestre en su asalto a la capilla de la Complutense), más allá de la indignación inicial, apenas se entra en profundidad en lo que realmente sucedió en los templos. Del mismo modo, el dirigente de Vox Ortega Smith, no puede justificar el ajusticiamiento de las “trece rosas” por delitos que no cometieron sin aportar ninguna referencia académica. Pongamos, no obstante, los hechos a los que se refería Ayuso sobre la mesa.
En estas mismas páginas, el pasado mes de agosto, Jaime Ignacio del Burgo, comentaba un documento excepcional que puso de manifiesto el genocidio contra la Iglesia Católica en 1936. Manuel de Irujo, del PNV, ministro sin cartera en el gabinete de Largo Caballero (aquel “sensato socialista” al que sus partidarios llamaban el Lenin Español y del que se mantienen sus esculturas intactas), elaboró un “Memorándum”. Lo firmó el 7 de enero de 1937 y denunciaba el asesinato de miles de religiosos por parte de los militantes del Frente Popular, una “acción que fue planeada y deliberada”. El escrito se presentó al Gobierno republicano solo seis meses después de que comenzara la guerra y no causó ningún efecto en el Ejecutivo ni sirvió para mejorar la situación.