La UDEF cifra en 290 millones la fortuna amasada por el “crimen organizado” del clan Pujol
En este escrito, los investigadores desgranan todas las actuaciones de la familia Pujol para multiplicar su fortuna desde 1990, conductas propias según la UDEF del "crimen organizado".
El informe busca establecer una "base lógica que pueda asociarse a las millonarias cuantías puestas de manifiesto” y que echarían por tierra la coartada de la familia, que ha alegado siempre que el dinero procede de la herencia del abuelo Florenci, que después la familia multiplicó con inversiones en operaciones financieras complejas.
La UDEF insiste en qque la familia Pujol, desde que en noviembre de 1990 abrieron su primera cuenta en Andorra, funcionaba como un grupo criminal organizado que ha recibido plusvalías ilícitas “de forma sistemática y recurrente” fruto de “prácticas corruptas”. En esta trama, los investigadores sitúan a Jordi Pujol Ferrusola como “paladín familiar” y “gestor principal” de la fortuna del clan.
El primogénito del expresidente catalán actuó como tesorero de facto de Convergència Democràtica de Catalunya. El escrito sostiene que Jordi Pujol Ferrusola "habría desarrollado las funciones atribuibles a Andreu Viloca (tesorero) en cuanto a la recaudación del 3% (u otros porcentajes) en los primeros gobiernos autonómicos catalanes", y supuestamente "derivó" una "parte sustancial del dinero al patrimonio de la familia" Pujol.
CDC financió sus campañas con cargo a las cuentas andorranas del primogénito de los Pujol, engordadas con comisiones pagadas por empresas adjudicatarias de concursos públicos. “Jordi Pujol Ferrusola ha jugado un papel relevante en la transformación de CDC como un sitio cerrado, opaco, y en la creación de un organigrama con entidades satélites, que ha favorecido la corrupción”, sostiene el informe.
LA UDEF se apoya en dos agendas manuscritas halladas en un registro de la sede de las sociedades de Jordi Pujol Ferrusola,con anotaciones de sus actividades durante los años 1996 y 1997. Se incluyen un total de 29 referencias según las que habría visitado en persona dependencias de organismos oficiales de la comunidad autónoma catalana, apareciendo anotaciones como "Generalitat", "Foment Generalitat" o "Diputacio". También aparecen referencias a firmas privadas como FCC, Teyco, Copisa, Isolux, Repsol o la constructora Huarte.
El informe repasa casos judiciales, como el Grand Tibidabo o el caso de las ITV, en el que acabó condenado Oriol Pujol. Los investigadores consideran que Jordi Pujol hijo cobró comisiones irregulares de empresarios adjudicatarios a los que después favorecería la administración.
El informe cuantifica en 290 millones de euros “los ingresos pergeñados a través de Jordi Pujol Ferrusola en provecho del núcleo familiar”, formado por los padres, el expresident Pujol, su esposa, Marta Ferrusola (“especialmente activa en la generación y gestión del patrimonio familiar”) y los siete hijos de la pareja.
Los investigadores explican que el viaje del dinero gestionado por Pujol Ferrusola solía desarrollarse desde Andorra y otras jurisdicciones hasta países donde el clan invertía en negocios locales para después tratar de reintroducirlo en España
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