Jueza niega amparo a pueblo Yaqui en gasoducto Guaymas- El Oro
Una jueza negó este jueves un amparo promovido por Loma de Bácum, uno de los ocho pueblos que forman parte de la tribu Yaqui, que buscaba frenar las actividades del gasoducto Guaymas-El Oro, operado por la compañía IEnova.
El gasoducto que cruza los estados de Sonora y Sinaloa comenzó operaciones en mayo de 2017, pero meses más tarde, en agosto de ese mismo año, las actividades en éste fueron interrumpidas por un descontento social.
El gasoducto pasa por un tramo de 90 kilómetros que forma parte del territorio de la Tribu Yaqui.
En 2014, el gobierno del estado llevó a cabo una consulta indígena, en la cual siete de los pueblos -Cócorit, Tórim, Vicam, Pátam, Belem, Rahúm y Huíviris- aceptaron la puesta en marcha del proyecto, mientras que el pueblo Loma Bácum no aceptó el acuerdo y comenzó un proceso legal, según se lee en un acta del estado de Sonora.
La jueza determinó no otorgar el amparo, explicaron las autoridades tradicionales yaquis en un comunicado, porque consideró que las actividades de consulta fueron suficientes y el consenso de los habitantes como necesario.
“Para nuestros pueblos, para sus autoridades tradicionales, es muy importante que se dé validez a los acuerdos que hemos tomado con gobiernos y con entes particulares, como fue la empresa constructora del gasoducto”, se lee en el texto distribuido por los representantes de la Tribu.
“Celebramos que la jueza haya escuchado nuestros argumentos y haya tomado en cuenta la voluntad de la gran mayoría de la gente en la Tribu Yaqui”, agrega.
Los pueblos conservarán la autonomía de su territorio y el derecho del uso de la tierra para actividades productivas.
IEnova fue consultada sobre el tema, con la finalidad de conocer si tras este fallo se reanudarán las actividades en el gasoducto, pero hasta el momento no ha emitido comentarios.
El gasoducto Guaymas-El Oro es uno de los siete proyectos en los que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha comenzado un proceso de arbitraje internacional y por el cual pide a IEnova un pago por concepto de desembolso de 842 millones de dólares.