El Congreso da tres meses a la banca para aplicar el nuevo reparto de gastos en las hipotecas
La nueva ley de crédito inmobiliario entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, y no a los 30 días de su publicación, al avalar el Congreso este jueves la enmienda del Senado que daba más margen a las entidades financieras para adaptarse a la legislación.
Este cambio, que se ha votado este jueves en el Pleno del Congreso junto al resto de enmiendas introducidas por el Senado en la ley, ha sido respaldado por PP, Ciudadanos, PDeCAT, UPN y Foro Asturias, mientras que PSOE, Unidos Podemos, Esquerra Republicana, Compromís, EH-Bildu y Coalición Canaria se han opuesto, sin éxito, al cambio.
De esta forma, la nueva ley de crédito inmobiliario, que ha sido aprobada definitivamente por el Congreso y ha quedado lista para su publicación en el BOE tras este último trámite parlamentario, no entrará en vigor al menos hasta finales de mayo, una vez que el plazo máximo para trasponer esta directiva europea expirara hace ya tres años, en marzo de 2016.
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La reforma de la ley hipotecaria ha culminado así su tramitación parlamentaria completando así uno de los procesos legislativos más complejos abordados en materia financiera por el Gobierno sin que se vea afectado por el adelanto de las elecciones generales.
El origen de la ley de créditos inmobiliarios es una directiva que España debía haber transpuesto antes del 21 de marzo del año 2016 y por cuya demora Bruselas amenazaba con sancionar al país con 105.991,6 euros diarios de multa.
La normativa de reforma hipotecaria la elaboró sobre la base de dicha directiva el anterior Gobierno de Mariano Rajoy introduciendo medidas adicionales para reforzar la protección de los consumidores hipotecarios y mejorar la comercialización de los préstamos por las lecciones extraídas durante la crisis.
El primer documento llegó al Congreso el 6 de noviembre de 2017, ya fuera de plazo, y la fuerte división de opiniones e iniciativas entre los grupos parlamentarios sobre una norma tan compleja derivó en ampliaciones sucesivas de los plazos para presentar enmiendas hasta entrado marzo de 2018.
Con la llegada del Ejecutivo de Pedro Sánchez, la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, lo situó entre las prioridades junto a la transposición de las múltiples directivas cuyo retraso en su transposición suponía un riesgo de sanción de Bruselas.