División de poderes: primera querella
El curso huracanado del nuevo gobierno ha topado con su primera contención constitucional, en realidad la primera puesta a prueba de la división de poderes de los nuevos tiempos.
La Suprema Corte ha ordenado la suspensión de los efectos de la ley de remuneraciones de los servidores públicos, aprobada hace unas semanas por el Congreso, mientras revisa la acción de inconstitucionalidad de esa misma ley presentada por 55 senadores de la oposición, una suma de minorías (PRI, PAN, PRD, MC) que pesan poco aisladas pero que, juntas, pueden impedir al nuevo gobierno hacer reformas constitucionales.
El mandato de la Corte es que no se reflejen en el presupuesto de 2018 los criterios de la ley cuestionada, el principal de los cuales es que nadie puede tener un salario superior al del presidente, tal como dice el artículo 127 constitucional.
El actual presidente decidió rebajar su salario a 108 mil pesos y a partir de ese techo, siguiendo la ley de remuneraciones suspendida, deberían reflejarse en el presupuesto las disminuciones correspondientes a todos los otros niveles del servicio público.
Lo que ordena la suspensión dictada por la Corte, más precisamente: por el ministro Alberto Pérez Dayán, es que el nuevo gobierno y el Congreso no hagan el presupuesto de esa manera, mientras no se revise a fondo, en la misma Corte, la constitucionalidad de la ley.
Desde el punto de vista legal, el mandato de la Corte es una estocada al corazón de la estrategia de “austeridad republicana" del nuevo gobierno, pues ésta tiene su expresión más clara, hasta ahora, en reducir sueldos y gastos de la burocracia.
La suspensión decretada obligaría a dejar fuera del presupuesto los criterios de la ley cuestionada, lo cual probablemente destruye todo lo que el nuevo gobierno ha diseñado para ahorrar en ese renglón, crucial, de un presupuesto que deben presentar el próximo sábado, 15 de diciembre.
Las primeras respuestas del Presidente y del líder de Morena en la Cámara han sido de rechazo a la suspensión, no de acatamiento, lo cual plantea no una crisis de constitucionalidad, no todavía, pero sí una querella entre poderes como no hemos visto en mucho tiempo.
hector.aguilarcamin@milenio.com