Preocupa integración de fuerzas armadas en Guardia Nacional: organizaciones
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) se dijo propuesta por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, como parte del Plan de Paz y Seguridad.
Durante el Foro Estrategias Fallidas: Criminalización y Tortura Sexual a Mujeres en México, la directora del área de Incidencia e Investigación de la CMDPDH, Olga Guzmán, comentó que en los últimos 12 años se ha registrado un incremento en la violencia del país “correlacionados a la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad en el país”.
“Con esta política no podemos pensar en un proceso de reconciliación, al contrario: nos levanta muchas alertas y suena muy preocupante que se quiere reformar la Constitución para dar un marco a esto y podamos tener a policías con entrenamiento militar, si no estamos en un Estado con un conflicto interior, ¿por qué tener a los militares en la calle?”, planteó.
Hizo un llamado a los responsables de diseñar y generar políticas públicas a evaluar los "efector perniciosos de esta medida" y urgió al gobierno entrante a profesionalizar a los policías en funciones, así como impulsar una reconciliación entre los ciudadanos y las víctimas con el Estado mexicano.
“A esos policías que están completamente descuidados y a las instituciones les urge una reconciliación con la sociedad, solo así podemos pensar en un proceso de justicia transicional y eso tiene que venir del Estado, la reconciliación no es entre los ciudadanos y los perpetradores, la reconciliación es entre los ciudadanos, las victimas y el Estado", señaló.
Guzmán recordó que desde el 2006, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha emitido 201 recomendaciones por violaciones graves, en particular torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, de las que 68.66 por ciento reconoce a las fuerzas armadas como las autoridades responsables.
"De esas 201 recomendaciones, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha sido identificada responsable de tortura, desaparición y ejecución en 104 casos, los gobiernos estatales en 58, la Secretaría de Marina en 36 y la Procuraduría General de la República en 20”, expuso.
Dijo que de acuerdo con datos de Sedena, del 13 de enero del 2007 a abril del 2014, se registraron en los enfrentamientos en los que fallecieron 209 militares, 3 mil 907 agresores y 60 víctimas ajenas a los hechos violentos.
EVL