«Altas instancias» idearon el sistema de los ERE que aportó «rédito electoral» al PSOE
«No voy a soslayar algo incuestionable, cuya sola mención me duele como socialista. Se han producido actuaciones ilícitas en la utilización de fondos públicos que hemos de asumir en toda su extensión, pidiendo disculpas a la ciudadanía, corrigiéndolas, y tratando de impedir, con los medios a nuestro alcance, como estamos haciendo, que vuelvan a producirse en el futuro. No voy a negar, señorías, que estamos ante hechos muy graves, que en algunos casos, incluso, pueden ser constitutivos de delitos». Con estas frases atribuidas al ex presidente de la Junta José Antonio Griñán en la comisión parlamentaria que investigó los ERE presuntamente fraudulentos cerró ayer su informe final en el juicio de la pieza política de ese caso Luis García Navarro, el representante procesal del PP-A, partido que ejerce la acusación popular contra 21 ex altos cargos, entre ellos el propio Griñán y su antecesor Manuel Chaves.
Tanto García Navarro como su colega Lourdes Fuster creen «acreditado» que desde las más «altas instancias» del Gobierno autonómico se aprovechó el aire de los tiempos para instaurar un sistema con el que conceder subvenciones «cuya principal característica» era «la ausencia total y absoluta» de cualquier procedimiento legalmente establecido y el que resultaba «opaco» para la Intervención de la Junta. Ese modelo tenía un doble objetivo, a juicio de los abogados del PP-A, de un lado «conseguir la paz social» y, de otro, obtener «un rédito electoral» para el partido que ha estado detrás de los sucesivos ejecutivos andaluces durante más de tres décadas, el PSOE. Para los populares, los 21 encausados participaron en la creación de ese sistema de huellas pegajosas y en su mantenimiento durante casi una década desde el 2000.
Aunque bajo el rótulo de lo que durante la etapa de instrucción capitaneada por la jueza que hizo germinar el «macroproceso», Mercedes Alaya, se denominó «la cúspide de la pirámide» se encuentran «los presidentes de la Junta». De hecho, García Navarro subrayó que fueron Chaves y Griñán quienes nombraron al resto de cargos que siguieron las directrices políticas marcadas por ellos. A su entender, estuvo en «manos» de los ex presidentes y de sus consejeros poner fin «al dispendio arbitrario de caudales públicos», pero no lo hicieron.
Por su parte, Rafael Prieto, en representación del sindicato Manos Limpias, dio por demostrado que se ha cometido un delito de prevaricación que vinculó, según fuentes del caso, a una actuación tan «generosa» como «tremendamente imprudente».