La Junta intenta taponar a la Guardia Civil y a la Intervención estatal en el caso de los avales de IDEA

Cuando se ponen filtros, igual es que se teme algún desborde. Los letrados del Gobierno andaluz elevaron un escrito al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, englobable en la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en los avales que dejaron caer como granos de maíz los entes de la Junta IFA/agencia IDEA, para pedir la desestimación de un recurso de la Fiscalía y cerrar el paso así a que actuara la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y la Guardia Civil.

La actual instructora del caso, la jueza María Núñez, y el Ministerio Público se han entrecruzado reproches sobre su actuación en el mismo y a cuenta del ritmo no fluido de la investigación. Ésta fue abierta por la predecesora de Núñez en el juzgado, Mercedes Alaya, quien en febrero de 2015 pidió, vía auto, unos informes a la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado y a los peritos de la IGAE para dar un «adecuado impulso procesal» a las diligencias. A los técnicos estatales les encargó, entre otras cuestiones, que informaran sobre si las garantías prestadas por la agencia pública y la comprobación de su idoneidad fueron «las necesarias para la concesión» de las operaciones de crédito o «pudieron en algún caso encubrir meras liberalidades». A la UCO le encomendó que analizara si había indicios de delito en las ayudas derivadas de una orden de la Junta y si la supuesta gestión ilícita podía extenderse a préstamos anteriores a aquélla, entre otros aspectos, y que plasmara el resultado de sus pesquisas en un nuevo atestado.

Luego el órgano judicial cambió de titular y esos informes nunca llegaron. En el escrito de los abogados del Ejecutivo autonómico, al que tuvo acceso LA RAZÓN, éstos presentaron alegaciones al recurso de la Fiscalía contra un auto de mayo de 2018 de Núñez que los paralizó y cuya «pretensión» era que se oficiara «de modo urgente a la UCO y a la IGAE al objeto» de que procedieran a «practicar las diligencias acordadas» por la resolución de Alaya, de acuerdo al servicio jurídico del Gobierno regional.

«Consideramos –arguyeron los letrados– que el recurso ha de ser desestimado, pues la pertinencia y utilidad de la prueba ha de ponerse en relación tanto con el objeto de la investigación como con la existencia de elementos indiciarios que permitan la atribución de responsabilidad penal a persona determinada». Recordaron que esperan una pericial de la Intervención General de la Junta de Andalucía (IGJA), cuyo resultado, sostuvieron, «podrá ser esclarecedor para confirmar los iniciales indicios puestos de manifiesto por la UCO o para lo contrario». Restringieron a «cinco hechos muy concretos» lo que debía abarcar «la práctica de las diligencias reclamadas por el Ministerio Fiscal», entre ellos si se simultanearon ayudas distintas para los mismos destinatarios; y defendieron que «lo más prudente es esperar al resultado» de la pericial demandada a la IGJA y reformulada con criterios fijados por la Audiencia Provincial de Sevilla. Sólo después se tendría, a su juicio, que «requerir», en su caso, «el auxilio judicial de la UCO o de la IGAE en los razonables términos que resulten precisos para aclarar las cuestiones de orden fáctico o técnico que no quedasen explicitados».

Núñez ha incorporado ya ese escrito junto a otros a la causa, como consta en una providencia fechada el pasado 10 de octubre, y ha elevado pieza separada al tribunal provincial «para la resolución del recurso» del Ministerio Fiscal, con que, continuará.

Más datos

* Fue la jueza Mercedes Alaya quien arrancó la causa de los avales del IFA, luego agencia IDEA, y lo hizo en enero del año 2014 para analizar posibles anomalías en los préstamos dados entre 2008 y 2013.

*La magistrada María Núñez ha defendido que iniciar una investigación sobre todos los avales reglados otorgados por IDEA desde 2009 es «abrir una 'inquisitio generalis'», esto es, una causa general.

*A diferencia de las ayudas de los ERE, en el caso de los avales, todos los incentivos de más de 1,2 millones fueron aprobados por el Consejo de Gobierno de la Junta, según fuentes del proceso.