La Fiscalía Anticorrupción intervendrá por aviadores
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Jalisco abrió un acta de investigación por el caso de los 600 aviadores detectados en el municipio de El Salto y otro número aún no determinado en Tonalá.
Su titular, Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar, informó que requerirá a los municipios para que entreguen toda la información que hayan localizado y de haber elementos, abrir una carpeta de investigación por las anomalías detectadas a 20 días de iniciada la administración. Sin duda, dijo, se estaría ante una modalidad del delito de peculado.
Mientras, el diputado Augusto Valencia López, aseveró que las irregularidades que brotan en El Salto y Tonalá dejan en evidencia los mecanismos de fiscalización a los municipios no han sido los adecuados.
“Esto es que los informes que entregan a la Auditoría Superior del Estado pues pareciera que no fueron debidamente revisados en torno a lo que las propias normas establecen de los resultados, programas internos, la auditoria de gestión y pues hoy pone en evidencia que ahí hay algo que hay algo que debe revisarse, no solo lo contable y administrativo”, expresó el legislador.
Entrevistados por separado, el Fiscal Anticorrupción reveló que citará “a quien tenga que citar” para tener información sobre ambos casos.
“Les estaremos pidiendo el día de mañana, si están llevando a cabo una investigación de esta naturaleza, que al término de la misma, nos informen cual es el resultado de la misma”, dijo.
Los alcaldes han informado que actualmente están en un proceso de revisión de 30 días que marca la ley, por lo que una vez concluido ese plazo, presentarían las denuncias correspondientes.
“Si de la revisión que hacen se desprende la existencia de un delito de la naturaleza que sea, nos corresponde investigar”, advirtió de la Cruz Tovar.
En El Salto, se descubrieron también pagos a personas cuya relación con el municipio no se ha determinado.
“Es que depende de que modalidad, pudiera ser que alguien vaya a cobrar porque precisamente esta registrado como trabajador y eso sería un supuesto de peculado. O pudiera ser que fue a cobrar por un servicio que no prestó y eso se desprendería de una investigación”, dijo el fiscal.
Augusto Valencia recordó que el municipio de El Salto se mantuvo bajo gobiernos familiares. “Mientras uno era diputado, el otro era el presidente municipal, se iban turnando el territorio para mantener a un mismo grupo y familia en el gobierno”.