La Policía española desmantela una red chavista de blanqueo de dinero
«Todo el mundo metía mano». Con esta gráfica frase define uno de los agentes que han participado en la operación contra la red de blanqueo de dinero procedente de Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA) supuestamente relacionada con Nervis Villalobos, viceministro de Energía con Hugo Chávez, según informaron a LA RAZÓN fuentes de la investigación.
Agentes de la Policía Nacional han desmantelado una red delictiva dedicada al blanqueo de capitales procedentes de Venezuela, en el curso de la cual han sido arrestados, además de Villalobos, otros tres individuos y fueron registrados siete domicilios y despachos profesionales, según fuentes de la investigación. La operación se ha denominado «Carabela2».
Los agentes procedieron al embargo de 115 inmuebles valorados en 60 millones de euros, entre los que se encuentran un hotel, dos edificios de apartamentos, una urbanización de lujo con más de 60 villas situadas en Marbella y varios inmuebles localizados en el barrio de Salamanca (Madrid). Además, se ha procedido al bloqueo de varias cuentas bancarias titularizadas por los miembros de la organización criminal, así como a la intervención de cinco vehículos de alta gama.
Se le imputa haber blanqueado 1.200 millones de dólares en España y Estados Unidos procedentes de sobornos de la citada PDVSA. Los otros detenidos en Madrid son el argentino Luis Fernando Vuteff; el abogado Ignacio Sánchez Combán y Darío Ramiro Mario Ale Iturralde.
La investigación comenzó hace más de un año, cuando fueron detectadas una serie de transferencias, realizadas por un ciudadano portugués desde el extranjero, que tenían como destino cuentas bancarias de personas vinculadas a ex políticos venezolanos y a directivos de una sociedad de gestión de patrimonios que operaba en España.
Gracias a la cooperación internacional, se pudo comprobar que ese individuo era objeto de una investigación del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Según las citadas fuentes, se le imputa haber cooperado con diversos ex directivos de una empresa pública venezolana para blanquear más de 1.200 millones de dólares obtenidos mediante sobornos, en lo que se conoce como «caso Money Flight».
A raíz de la colaboración entre ambos países se pudo determinar que la sociedad de gestión de patrimonios proveía de servicios de blanqueo de capitales a políticos venezolanos y directivos de la referida empresa pública.
Se trataba de ocultar las ganancias obtenidas mediante la inversión de los fondos en activos inmobiliarios situados en España, todo ello a través de una compleja estructura societaria con ramificaciones en Suiza, Malta e Italia. Además de los cuatro arrestos practicados en Madrid, han sido emitidas tres órdenes internacionales de detención.