Camino al enfrentamiento
El color amarillo se ha convertido en el sujeto aliado del independentismo, y hoy lejos de precipitar una solución pacífica al desafío soberanista ha enrevesado el conflicto del llamado encaje de Cataluña dentro de España. El independentismo ha abrazado la simbología de los lazos amarillos como bandera de protesta por el encarcelamiento de los principales líderes responsables del 1-O. La consecuencia inmediata de los simbolismos separatistas ya está aquí: una preocupante disputa entre la sociedad catalana en las calle por la colocación de los lazos representativos de la lucha por la autodeterminación y en contra del marco normativo.
Ante la gravedad de estos últimos acontecimientos, después de que el sábado una mujer fuera agredida mientras retiraba lazos amarillos en Barcelona, LA RAZÓN ha consultado a varios expertos y líderes catalanes acerca de la situación y consecuencias de división por la puesta y retirada de lazos. La catedrática en Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona Teresa Freixes advierte de que estas situaciones violentas pueden desencandenar en una «situación de amedrentamiento callejero» y «enfrentamiento» entre quienes colocan estas simbologías soberanistas y quienes las retiran. Además, incide en que existe una «falsa equidistancia» porque los que los colocan «infringen normas legales» y los que los quitan sólo devuelven la «neutralidad» a los espacios públicos, y recuerda que tanto el Tribunal Superior de Justicia catalán como el Tribunal Supremo exigen que «fuera de campaña electoral el espacio esté limpio de simbología partidista».
Por su parte, el compositor y escritor catalán Sabino Méndez asegura que estos altercados van «in crescendo» entre ambos grupos y «dividen a la sociedad» y –alerta– vienen promovidos «por las instituciones».
El catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona Frencesc de Carreras pone el foco no sólo en la división de la sociedad sino «en el fanatismo que se ha instalado en los gobernantes de la Generalitat». Sobre ellos, Carreras descarga la responsabilidad de que exista un «grupo organizado» protegido por ellos mismos «que ataca a la sociedad catalana y desafía a la ley». «Es una situación extremadamente peligrosa», advierte. El líder de Societat Civil Catalana, José Rosiñol, cree que la Generalitat catalana a través de su president, Quim Torra, hace una división entre «buenos y malos catalanes» y vincula estos hechos al lenguaje utilizado por éste último; «es cada vez más agresivo», describe.
El camino hacia la división en Cataluña estaría acreditado así según los expertos consultados. Por ello, Rosiñol pide «calma y diálogo», pero, ¿quiénes son los responsables y cuál es la solución? «Desfanatizar a la sociedad, admitir que hay que hablar», insiste Méndez. Freixes aduce que son las autoridades administrativas las que «deben hacer cumplir las leyes». Es decir, los ayuntamientos deben dar cumplimiento a las ordenanzas municipales. Apunta que en Lleida «estos problemas no existen» porque el ayuntamiento «ha garantizado el cumplimiento de la ley». Francesc de Carreras cree que para encontrar una solución, los independentistas deben «dar un paso atrás» o si no el devenir catalán debe dirigirse a la convocatoria de elecciones «en las que los partidos constitucionalistas estén unidos», matiza. Responsabiliza al PSOE porque «no puede estar en dos bandos a la vez; o uno defiende la ley o no». También cree que el Gobierno debe actuar porque «la Generalitat ha desafiado al Estado y el Ejecutivo ha callado», lo cual, –dice– «envalentona a radicales». Rosiñol también insiste en que los poderes públicos de Cataluña «hacen omisión de sus obligaciones».