PP y Ciudadanos llevarán al Congreso a partir de la próxima semana su batalla contra la política migratoria del Gobierno

La oposición al Gobierno que ejercen con dureza PP y Ciudadanos llevará los recientes ataques contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez por su "permisiva" política migratoria al Congreso de los Diputados a partir de la próxima semana. Aunque por el momento la presidenta de la Cámara Baja, Ana Pastor, no ha decidido la fecha concreta en la que se celebrará la Diputación Permanente –máximo órgano de decisión fuera del periodo de sesiones–, fuentes parlamentarias explican que será en la última quincena del mes, en la que el Congreso volverá a ejercer la función de control al Ejecutivo antes del inicio oficial del curso político, en septiembre. 

Fuentes del Gobierno tampoco se atreven a concretar cuándo se producirán esas comparecencias y se remiten a lo que decida Pastor, que esta semana se ha desplazado hasta Paraguay para participar en la toma de posesión de Mario Abdo como presidente del país. En todo caso, explican desde el Ejecutivo, aún no han recibido ninguna comunicación por parte de la presidenta del Congreso. 

Sobre la mesa de la próxima reunión de la Diputación Permanente estarán las solicitudes de comparecencia registradas tanto por el PP como por Ciudadanos de los ministros entre cuyas competencias está la inmigración. Por el Parlamento deberán desfilar en las próximas semanas la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, y el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, para explicar las recientes actuaciones puestas en marcha por el Ejecutivo desde la acogida a los inmigrantes del Aquarius a la cumbre bilateral celebrada entre Pedro Sánchez y la canciller alemana, Angela Merkel, el pasado fin de semana en Doñana. 

El PP considera que España vive una "crisis migratoria" y que el Gobierno "demuestra que está desbordado, desnortado y que es incapaz de poner en marcha las políticas necesarias frente a esta gran crisis". Los conservadores aseguran que la acogida de la primera remesa de inmigrantes y refugiados llegados en el Aquarius en junio provocó "un efecto contagio" que "aprovechan las mafias".

"Sin demagogia ni buenismos"

El lunes, después de que el Ejecutivo asegurara que no consideraba a España como "el puerto más seguro" para otros 141 migrantes rescatados por ese mismo buque, Pablo Casado arremetía contra Sánchez: "El gobierno me insultó por rechazar su plan de papeles para todos pero hoy demuestra su incoherencia y cinismo. Nuestra política de inmigración es defender nuestras fronteras y cooperar con países de origen sin demagogia ni buenismo con fecha de caducidad", apuntaba, en un tuit.

Además de las peticiones de comparecencias, el Grupo Parlamentario Popular ha registrado esta misma semana una batería de preguntas escritas al Gobierno sobre inmigración en el Congreso. Los conservadores defienden una política migratoria "que consiste en abordar esta cuestión desde la lucha contra las mafias que utilizan el drama humano, la solidaridad con las personas, la cooperación con los países de origen primando la seguridad de las vidas humanas, pero con una política coordinada con la Unión Europea y reconociendo y apoyando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". 

También desde Ciudadanos reclamaban una mayor dureza del Gobierno contra la inmigración. El partido ha presentado una iniciativa en el Congreso instando al Ejecutivo "a adoptar iniciativas para frenar la inmigración ilegal en Ceuta y que se incremente la dotación de personal y de medios en la valla fronteriza". "España tiene que ser responsable porque los anuncios y las ocurrencias acaban siendo problemas", subrayaba Rivera en los últimos días, tras anunciar la solicitud de comparecencia de Grande-Marlaska.

Una "respuesta unida"

Ciudadanos considera que "España debería liderar una política migratoria para hacer frente a esta crisis humanitaria" y que "Europa debe actuar de forma uniforme y coordinada". La formación naranja considera que el Gobierno de Sánchez "es incapaz de solucionar" la crisis migratoria ya que "se mueve por impulsos mediáticos". Asimismo, consideran que el Ejecutivo "no tiene un plan para la inmigración ni lo va a tener".

"Necesitamos dar una respuesta unida entre los países europeos", apuntaba este martes el portavoz adjunto de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, César Zafra, que ha exigido "una ley conjunta que permita garantizar los derechos de los inmigrantes y los países" para evitar "por ejemplo, que se vean vendiendo de forma ilegal en la calle”.

Y es que la batalla que mantienen PP y Ciudadanos por la dureza del mensaje contra la inmigración también se centra en las críticas a los manteros y en tratar de relacionarlos con un supuesto incremento de la inseguridad ciudadana. Los conservadores se han sumado en las últimas horas a la campaña del miedo difundida la pasada semana por el partido de Albert Rivera, asegurando que fenómenos como el de los vendedores ambulantes "no son buenos para la convivencia" y reclamando una mayor dureza al Gobierno de Pedro Sánchez y a las administraciones locales de Madrid y Barcelona.