Elba Esther Gordillo se ampara para evitar aprehensión
Elba Esther Gordillo promovió un amparo para evitar ser detenida, porque afirmó que un juez de control del Reclusorio Preventivo Norte
La demanda de garantías quedó radicada en el Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México.
La ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) aseguró que dicha orden de captura es distinta de aquella que se dictó y originó el proceso penal 11/2013, en el Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Reclusorio Oriente, donde se le acusó de los delitos de
También pidió a la juez federal que se le proteja para no ser presentada a comparecer con fuerza pública, para la formulación de imputación en audiencia inicial.
La juez Rosa María Cervantes Mejía previno a la maestra para que, dentro del término de cinco días, realice una narración clara de los hechos que demanda.
A la ex dirigente del SNTE se le ordenó precisar los acontecimientos de carácter positivo o negativo que antecedieron a los actos que está reclamando y que atribuye a las autoridades, "incluyendo los que influyan en la improcedencia de este juicio, pues los narrados en el escrito inicial de demanda resultan insuficientes e imprecisos respecto a esos actos".
La ex lideresa magisterial recuperó su libertad el pasado 7 de agosto, tras cinco años y medio de permanecer presa.
De acuerdo con la sentencia, la liberación de Elba Esther Gordillo tuvo su origen porque la PGR y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda actuaron de manera ilegal para acusarla de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Las pruebas que recabaron ambas dependencias no se obtuvieron con el aval de una orden judicial, violando así el secreto bancario; además, no existió una denuncia por parte del SNTE que asegurara que la maestra estaba desviando recursos del gremio.
Lo anterior consta en el fallo del incidente no especificado de sobreseimiento que resolvió el magistrado Miguel Ángel Aguilar López, titular del Primer Tribunal Unitario en Materia Penal con residencia en la Ciudad de México.
nma