Torra arrincona el referéndum y exige convocar la Junta de Seguridad
El presidente del Govern, Quim Torra, recibió ayer a la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, en el Palau de la Generalitat con el objetivo de seguir avanzando en el deshielo de las relaciones entre administraciones. El encuentro, que se extendió durante algo más de una hora, sirvió para abordar algunas cuestiones concretas de primer orden y dejó a un lado la omnipresente exigencia del referéndum. Así, ambas partes centraron gran parte de la entrevista en aspectos de actualidad como la seguridad, la ofensiva judicial contra el independentismo, la gestión del Aeropuerto de El Prat ante el riesgo de colapso que sufre cada verano o la llegada de refugiados a Cataluña, mientras que sobre el derecho de autodeterminación se limitaron a constatar las discrepancias.
La reunión, además, llegaba en un contexto delicado tras el giro que dará el PDeCat tras su Asamblea –en la que Carles Puigdemont se ha hecho con el poder del partido–, lo que supondrá más dificultades para que el Gobierno de Sánchez pueda contar con el apoyo parlamentario de la formación neoconvergente en el Congreso de los Diputados. Si bien, ese aspecto pasó de puntillas –Artadi avanzó que se irá analizando «tema a tema»– y Cunillera demostró total predisposición para avanzar hacia acuerdos. El primero, y que más urgencia ha suscitado en Torra, es la reunión de la Junta de Seguridad para desplegar todas aquellas ententes que se alcanzaron en la última Junta, que tuvo lugar el pasado 10 de julio. Según exigió la portavoz del Govern Elsa Artadi en una rueda de prensa posterior, aparte de los 700 millones que adeuda el Estado a la policía catalana, todavía quedan por activar cuestiones como la integración de los Mossos d´Esquadra en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO); el intercambio de los datos estadísticos de criminalidad; o, incluir a los Mossos d´Esquadra como servicio competente para realizar persecuciones transfronterizas «en caliente». Todo ello, está aún pendiente de desarrollo pero podría ver la luz próximamente, después de que Cunillera asegurara que trasladará la petición al Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, con carácter prioritario. Asimismo, Artadi argumentó la exigencia de la Junta de Seguridad en el nivel cuatro sobre cinco de alerta terrtorista en que se encuentra el Estado y por el aumento de los «ataques fascistas».
Torra también reclamó a Cunillera frenar la ofensiva judicial del Estado contra el «procés», así como la eterna demanda de asumir la gestión del Aeropuerto de El Prat. En este sentido, el principal temor que sobrevuela en estos momentos el Gobierno de Sánchez es la huelga convocada por los trabajadores de tierra para el 27 y 28 de julio y el 3 y 4 de agosto. Cunillera avanzó que ahora mismo consideran que «hay más posibilidades de acuerdo que de desacuerdo», pero si acabe produciéndose la huelga, se tomarán las «medidas adecuadas» para evitar el «colapso». En todo caso, Artadi exigió «máxima incolucración» del Gobierno para evitar la huelga porque «afecta a la actividad económica y al bienestar de los ciudadanos».
Finalmente, el vis a vis también abordó la acogida de refugiados, para lo que Torra exigió «más información» sobre la llegada de autobuses con inmigrantes para preparar una recepción con antelación.