Ganemos Pinto, obligado a pagar la residencia de una anciana
La Justicia ha detenido el desa-hucio de una anciana que vive en una residencia de Pinto y que pretendía llevar a cabo el alcalde de la localidad. El Ayuntamiento, gobernado por Podemos, deberá mantener el acuerdo que habían alcanzado con el anterior consistorio y hacerse cargo del coste que supone la plaza de esta mujer de 91 años, como ha podido saber en exclusiva LA RAZÓN.
Todo este proceso judicial se inició hace dos años cuando el equipo de Ganemos llegó a la alcaldía en Pinto y les notificó a las familias que iban a eliminar la subvención. Desde hacía años, el Ayuntamiento pinteño otorgaba una subvención a la residencia de ancianos Dolores Soria para pagar la plaza de varias personas mayores que se alojaban en dicha residencia y que no contaban con los recursos necesarios. Sin embargo, cuando la formación morada llegó al poder decidió eliminar el acuerdo que tenía con la residencia gestionada por Mensajeros de la Paz, la ONG del Padre Ángel, y dejar de pagar estas ayudas.
Lo que alegaba Ganemos para realizar el desahucio de estos cinco ancianos es que lo impedía la nueva ley que regulaba las competencias de los ayuntamientos. No obstante, en el momento en el que los populares gobernaron Pinto, y pese a que se encontraron con alguna dificultad, sí mantuvieron el acuerdo que facilitaba la estancia de los ancianos en la residencia.
El procedimiento comenzó con la denuncia de una de las mujeres beneficiadas por estas ayudas que pidió que se anulara cautelarmente la decisión de Ganemos Pinto, de quitarle la subvención. Pocos días después, el Juzgado admitió esa suspensión, incluso sin necesidad de escuchar al Consistorio, como permite la ley cuando pueden darse «efectos perjudiciales para la salud y situación de dependencia» del afectado. Con la segunda denunciante el caso se demoró durante un tiempo más, pero al final la afectada no tendrá que sufrir el desahucio y desarraigo de su hogar.
Han pasado más de dos años y medio desde que comenzó todo este proceso y los familiares lo han sufrido día a día. «Las instituciones tienen el deber de proteger a los más desfavorecidos, pero no querían hacerlo». Así lo explica Salomón Aguado, uno de los familiares de los perjudicados por este intento de desalojo y parte del grupo de demandantes. Su pariente falleció dos meses después de que saliera la resolución judicial que defendía su estancia subvencionada en la residencia, aun así, «todas las familias estamos muy satisfechas porque se haya hecho justicia con la última de las afectadas que todavía continúa con vida». Uno de los momentos más desagradables para las familias en todo este proceso ha sido la actitud que ha mantenido el Ayuntamiento, que «ha persistido en el error asegurando que repetirían el procedimiento», manifiesta Salomón Aguado.