El camino hacia el bajo carbono marcado por Europa aviva el debate sobre las térmicas

La hoja de ruta dibujada por la Comisión Europea de aquí a 2050 para cumplir con el objetivo de una economía baja en carbono abre un debate sobre el futuro de las centrales térmicas que producen electricidad a partir de carbón, de acuerdo con los planes de las instituciones comunitarias que prevén que en el año 2030 un 32 por ciento de la energía del continente provenga de fuentes renovables, en detrimentos de otras más tradicionales y contaminantes como el carbón.

En España existen 15 instalaciones de este tipo, cuatro de ellas en Castilla y León: Guardo, en Velilla del Río Carrión (Palencia); La Robla, en el municipio leonés homónimo; Compostilla, en el municipio berciano de Cubillos del Sil; y Anllares, también dentro de los límites de la comarca berciana, en Páramo del Sil.

Esta última podría ser la primera que eche el cierre y active la cuenta atrás para el ocaso del sector, una vez recibidos los informes favorables de Red Eléctrica Española (REE) y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y a la espera sólo de recibir la autorización del Gobierno.

Desde la firma del Acuerdo del Clima de París en 2014, la Comisión Europea ha incentivado a través de varias iniciativas que todas las regiones que dependen del carbón puedan preparar la transición energética con el objetivo de que ésta tenga un menor impacto para las personas que se dedican al sector, cerca de 185.000 en todo el continente.

Un ejemplo de ello fue la creación el año pasado de la Plataforma de las Regiones con Minería de Carbón en Transición, en la que están presentes 41 regiones de 12 Estados miembros para abordar proyectos piloto e intercambiar buenas prácticas.

Al respecto, el vicepresidente del Ejecutivo comunitario, Maros Sefcovic, recalca que «no se puede hablar de transición energética sin poder dar soluciones a las personas que pueden estar sufriendo en esta transición».

Por su parte, el nuevo Gobierno presidido por Pedro Sánchez ha recogido el guante de las instituciones europeas y ha anunciado planes de «descarbonización de la economía» que afectarán al futuro de las centrales.

Más beligerante con las políticas energéticas europeas se ha mostrado el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, que en el último debate sobre Política General de la Comunidad defendió que el mantenimiento de las centrales térmicas es «esencial» para garantizar el suministro energético nacional y «crucial para la propia supervivencia de los municipios mineros».

En esa línea, reclamó que la transición hacia energías más limpias se lleve a cabo de manera «ordenada y justa» para reducir los «costes sociales y territoriales» que lleva asociados y exigió al nuevo Gobierno que tome «medidas para minimizar el impacto de la transición sobre el empleo». De hecho, rechazó de plano que puedan adelantarse los plazos marcados por la Unión Europea, tal y como había sugerido el Gobierno.