El Gobierno Herrera refuerza las Cámaras de Comercio para que ganen en eficacia

Unas Cámaras de Comercio «más ágiles y dinámicas» que ofrezcan los «mejores servicios al tejido empresarial» de la Comunidad. Son los principales objetivos del nuevo Proyecto de Ley, puesto en marcha por el Gobierno Herrera, que incluye además la regulación de su régimen económico y la creación de una entidad de carácter autonómico, que regirá la coordinación de las 14 corporaciones provinciales y locales que existen en Castilla y León en la actualidad.

La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, desgranaba, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, junto a la portavoz, Milagros Marcos, y el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, los aspectos más relevantes de este decreto que pretende «dar estabilidad y un futuro» a las entidades camerales.

Una de las principales novedades es el régimen económico, al establecer que las Cámaras podrán obtener ingresos de distintas fuentes de financiación por los servicios prestados a las empresas, donativos o por aportaciones voluntarias de compañías.

Unos fondos que se canalizarán a través de la futura Cámara Oficial de Comercio de Castilla y León, que se constituirá sin perjuicio de la continuidad de las existentes y que ejercerá de interlocutor en las relaciones con la Administración, con organismos e instituciones públicas o privadas de la Comunidad.

El proyecto determina las obligaciones que asumen las entidades camerales en materia de transparencia. Así, el texto recoge que deberán hacer públicas en su página web las subvenciones y otros recursos públicos que puedan percibir para el ejercicio de sus actividades, así como las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables.

Por otro lado, el Consejo de Gobierno también dio luz verde al Proyecto de Ley de Transporte Público de viajeros por carretera de Castilla y León, que según Suárez-Quiñones, pretende dar un «salto cualitativo» y adaptado a las exigencias del actual tiempo. Un nuevo marco estable acorde a la normativa estatal y europea, adaptado a las singularidades de Castilla y León.

Una nueva Ley especialmente diseñada para una Comunidad eminentemente rural, ya que según manifestó el consejero «es preciso dar respuesta en términos de movilidad tanto al 80 por ciento de población que vine en el 12 por ciento de nuestros municipios, como dotar de transporte público a ese 88 por ciento donde viven el 20 por ciento de los habitantes».

«El ciudadano en primer término», resaltó Suárez-Quiñones, quien añadió que, por primera vez, se ha elaborado un catálogo de derechos de las personas usuarias y que tiene en consideración la visibilización de las personas de movilidad reducida para la adecuada integración de su movilidad en los servicios de transporte público y en las infraestructuras complementarias.

«Será un transporte público de calidad, moderno, seguro y eficiente, donde se incorpora las nuevas tecnologías al servicio del usuario y que contribuye a la lucha contra el cambio climático», arguyó el consejero.

Un proyecto que no verá la luz hasta el próximo año ya que se está trabajando en un «mapa de ordenación», pero sí que aclaró que los contratos concesionales, que son 150, y que vencen el próximo año, se reducirán a cerca de 80, dando prioridad a los servicios integrales zonales sobre las actuales lineales.

Por último, la ley otorga protagonismo a las estaciones de transporte de viajeros por carretera, con el objeto de que Castilla y León cuente con infraestructuras modernas y adecuadas, destinadas al servicio público general, y que respondan a criterios de modernización y seguridad. Por ello se adaptaran los requisitos al volumen de expediciones de transporte anuales.