Las indemnizaciones de Sara Hernández (PSOE)
El denominado ‘caso Ganga’, en el que la Policía indaga sobre un posible caso de malversación en el Gobierno socialista de Getafe, adquiere una nueva dimensión con la divulgación de documentos fundamentales para el desarrollo de la investigación.
El pasado 14 de octubre de 2014, la empresa pública Getafe Iniciativas (Gisa), entonces gestionada por el Partido Popular, entregó al abogado Alberto Ganga un documento sellado de liquidación y finiquito en el que se estipula que tenía derecho a recibir 714,66 euros líquidos -libres de impuestos- por haber trabajado en la sociedad municipal durante 29 días y en un período de pruebas que finalmente no superó. La documentación obra en poder de LA RAZÓN. El letrado, disconforme con la resolución de Gisa, inicia en ese momento una batalla legal que finaliza el 16 de septiembre de 2015, tres meses después de que la socialista Sara Hernández (PSOE) asumiese la Alcaldía. Ese día la empresa municipal se pliega a las exigencias del abogado y le ofrece una indemnización de 47.000 euros libres de impuestos. Es decir, el Gobierno municipal del PSOE incrementó algo más de 65 veces la indemnización que finalmente recibió el ex empleado frente a la cantidad que inicialmente calculada por la empresa pública. Dicha cantidad le fue abonada al letrado.
Una práctica nada habitual y que ha sido el detonante de la judicialización del asunto. De hecho, y de forma paralela a la contratación de Ganga, en septiembre de 2014, Gisa incorpora un segundo abogado: José María Barahona Moreno. Su paso por la empresa municipal también fue fugaz porque duró únicamente 27 días. La Gerencia de la sociedad pública también le entrega el 14 de octubre, al igual que a Ganga, una carta en la que se le comunica que su contrato de trabajo queda resuelto por no haber superado el período de pruebas. Barahona recibe igualmente un documento de liquidación de Gisa con su correspondiente finiquito: 427,68 euros libres de impuestos, según ha conocido LA RAZÓN. En este caso, el abogado acepta la propuesta de la empresa y dar por concluido su paso por la administración pública.