Los empresarios alertan del progresivo cambio de domicilio fiscal de empresas

La Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (Cecale) alertan del progresivo cambio de domicilio fiscal de empresas de la Comunidad.

Así lo avisó el presidente de la patronal, Santiago Aparicio, quien advirtió de que al menos 80 compañías autonómicas han modificado este dato y «más del 75 por ciento se la han llevado a Madrid» durante el primer trimestre del año por razones «como la fiscalidad y las inspecciones».

Aparicio explicó que en 2016 un total de 216 empresas de la Región cambiaron de sede social a otra autonomía (65 por ciento a la capital de España) y en 2017 rondaron las 240. «De seguir a este ritmo, más de 300 compañías se van a deslocalizar en Castilla y León para finales de este año», anunció el responsable de Cecale.

Asimismo, lamentó en Burgos, en una reunión de la Junta Directiva de la Confederación, la fuga de estas empresas «ya que se verán mermados los ingresos de la Comunidad derivados del Impuesto de Sociedades».

«Que la mayoría de los traslados sean a Madrid se debe a la presión fiscal por el impuesto de patrimonio y a la gran cantidad de inspecciones que tienen que pasar anualmente las compañías», destacó Aparicio.

Sobre el primero de estos asuntos, el presidente de los empresarios castellanos y leoneses señaló que «la Región sigue teniendo un impuesto de patrimonio y de transmisiones patrimoniales que resta mucha capacidad de inversión». Por otro lado, puntualizó que esos dos pagos fiscales solo existen, además de en Castilla y León, en Andalucía y Aragón, siendo España «el único país de la Unión Europea que lo mantiene» y meditó sobre que es posible que «Europa obligue al Gobierno a quitarlo».

Además, señaló que las inspecciones son «demasiadas» y que los empresarios pasan en ocasiones entre «tres y cuatro cada año para no conseguir nada», ya que en el último ejercicio, «se consiguió una recaudación de solo 1,5 millones», por lo que, en su opinión, deben hacerse «de manera ordenada y coherente».

En este sentido, en dirigente de Cecale pidió al Gobierno «actuar contra la economía sumergida» ya que se estima que su desaparición supondría 180.000 millones de euros que generan este tipo de actividad en cuanto a que ésta supone cerca del 30 por ciento en España. «Si se lograsen recaudar 120.000 millones de esa cifra, se acabaría con el déficit en este país de un plumazo», aseveró.

«Si no se actúa de manera consecuente contra el trabajo en negro no vamos a poder mantener todos los servicios en los que España es ahora pionera», exclamó. «Va a ser insostenible todo», enfatizó.

En este sentido, entendió que se está actuando «contra los legalmente establecidos» aunque consideró importante el control.