El juez cita a Turull, Forcadell, Rovira, Romeva, Rull y Bassa para notificarles el auto de procesamiento
El magistrado también ha citado a seis de los investigados -Carme Forcadell, Marta Rovira, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa-, acompañados de letrado "a fin de practicar la comparecencia prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal".
Ese precepto se refiere a la convocatoria por parte del juez o tribunal de una audiencia “en la que el Ministerio Fiscal o las partes acusadoras podrán interesar que se decrete la prisión provisional del investigado o encausado o su libertad provisional con fianza”. Y esto significa que el juez les preguntará al fiscal y a la acusación popular ejercida por Vox si solicitan medidas cautelares para los seis citados. En situación de libertad bajo fianza se encuentran ya Forcadell, Rovira, Turull, Romeva, Rull y Bassa, así como el exconsejero Carles Mundó, que no ha sido convocado el viernes y que también fue enviado a la cárcel por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela antes de que la instrucción pasara al Tribunal Supremo.
En lo que se refiere a Turull, la decisión del magistrado tendrá una especial trascendencia ya que, a falta de confirmación oficial, el exconsejero de Presidencia será con toda seguridad el nuevo candidato a la investidura como presidente de la Generalitat, cargo para el que está previsto que sea elegido, a ser posible, la próxima semana. Si el candidato fuera de nuevo encarcelado y ya con el auto de procesamiento en la mano, el juez podría inhabilitarle sin esperar a la condena, lo que impediría que pudiera ser investido 'president' ni ejercer ningún otro cargo. Es lo que establece el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim): “Firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión”.
En todo caso, se trata de posibilidades que se confirmarán el viernes, cuando se conozca cuál es el delito por el que resultan procesadas las personas implicadas y también qué medidas cautelares adopta el magistrado. De momento, el instructor ha decidido cerrar la instrucción por la causa de rebelión y sedición y dejar aparte la malversación de caudales públicos, delito por el que ha abierto una pieza separada. En concreto, el juez ha solicitado a la Guardia Civil la aportación de documentos y demás elementos objetivos que prestan soporte al contenido de un informe ya entregado por este cuerpo relativo a los gastos públicos orientados a la celebración del referéndum ilegal de independencia. De dicho informe se desprende que sí hubo desvío de dinero público con ese fin, al contrario de lo que reiteradamente se ha venido asegurando desde el propio Gobierno central.
Rull, uno de los citados, ha denunciado que los políticos independentistas han conocido la noticia de su citación a través de los medios de comunicación antes de que sus respectivos letrados fueran informados “formalmente”. “Como es habitual en este ‘Estado de derecho', a estas horas ni nuestros procuradores ni nuestros abogados aben nada formalmente. En cualquier caso, iremos con la cabeza bien alta”, ha escrito en su cuenta de Twitter.
https://twitter.com/joseprull/status/976453087593422848
Entre los imputados en este proceso, además de los citados y de quienes están en prisión preventiva (el exvicepresident Oriol Junqueras, los independentistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart y el exconseller de Interior Joaquim Forn) figuran dirigentes del 'procés' como el expresident Artur Mas o Anna Gabriel (CUP) y Mireia Boya (CUP). A ellos se suman, entre otros, el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, y los exconsellers Antonio Comín, Meritxell Serret, Clara Ponsatí y Lluís Puig, todos ellos fugados, como Gabriel. El listado, hasta un total de 28, lo completan los ex miembros de la Mesa del Parlament Lluis María Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet y Lluís Guinó (todos ellos en libertad bajo fianza) y Joan Josep Nuet, en libertad sin medidas cautelares.
El auto de procesamiento significa que se finaliza la instrucción y se da el paso previo a sentarles en el banquillo de los acusados. Este auto puede ser recurrido ante la Sala de lo Penal del alto tribunal. Una vez que sean resueltos los futuros recursos, el juez acordará el auto de apertura de juicio oral, que ya no es recurrible.
Otra de sus posibles consecuencias es la reactivación de las órdenes de detención europeas e internacionales contra los prófugos, entre los que se encuentra el expresidente Carles Puigdemont. Estas órdenes fueron dictadas por la juez Lamela el 3 de noviembre de 2017 pero el juez Llarena las anuló al asumir toda la instrucción. El juez temía que las autoridades belgas que debían decidir la entrega la autorizaran por alguno de los delitos menos graves, como el de malversación, dejando fuera los de rebelión y sedición que no tienen equivalencia en sus leyes. Por eso, argumentó que prefería esperar a que la instrucción estuviera lo suficientemente avanzada, es decir, al auto de procesamiento, para presentar un caso suficientemente sólido, que garantice que Puigdemont y los exconsejeros que le acompañan en Bruselas serán juzgados por los mismos delitos que los que se quedaron en España.
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