Mayor protección del usuario en el tratamiento de los datos, nuevos requerimientos en el consentimiento, notificaciones sobre brechas de seguridad y la nueva figura del Delegado de Protección de Datos (DPO) son cuestiones que están encima de la mesa de todas las empresas para la adaptación de su política al nuevo Reglamento General de Protección de Datos, que entrará en vigor el 25 de mayo de 2018 y prevé sanciones que alcanzan los 20 millones de euros o el 4 por ciento de la facturación anual a las empresas que no cumplan con lo establecido en esta norma. Una regulación que se completará, en breve, con el futuro Reglamento de ePrivacy, que se está debatiendo en la Comisión Europea. (Más noticias, reportajes, análisis y entrevistas en la revista digital gratuita 'eE Comunitat Valenciana').
