El Gobierno suizo advierte de que Anna Gabriel no será extraditada

La dirigente de la CUP Anna Gabriel no puede ser extraditada de Suiza a España aun cuando el delito del que se le acusa -el de rebelión- existiera en el Código Penal helvético en lo referente a delitos contra el Estado o alta traición, ha recalcado hoy el Gobierno suizo.

"Aun cuando el examen de una eventual solicitud de detención o de extradición arrojara que los delitos de los que se le acusa a Anna Gabriel también los fueran en Suiza (...) una extradición a España no sería posible", ha dicho a Efe el portavoz del Departamento de Justicia, Folco Galli.

Gabriel tenía que declarar hoy ante el juez Pablo Llarena por un presunto delito de rebelión en el marco del proceso independentista catalán, pero ayer martes anunció desde Suiza que no comparecerá y que permanecerá allí porque en España no iba a tener un juicio justo porque "está siendo perseguida por motivos políticos".

El Gobierno suizo ya dejó claro ayer que a priori el caso de la exdiputada catalana parece estar ligado a delitos políticos que en Suiza no tienen base legal y que por tanto una solicitud de extradición sería rechazada con toda probabilidad, eso sí, tras un análisis exhaustivo.

Solo los crímenes contra la lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra y actos especialmente reprobables como un secuestro de un avión o la toma de rehenes no son considerados delitos políticos.

Galli ha precisado hoy que incluso si el delito por el que se investiga a Gabriel en España fuera igualmente considerado un delito en el Código Penal suizo tampoco sería posible su extradición.

"Existiera la correspondencia del delito en ambos países, que es una importante precondición para la extradición, pero lo decisivo aquí es que se trata a primera vista de delitos políticos (...) que en el Convenio Europeo de Extradiciones y la ley suiza están excluidos", ha indicado el portavoz del Departamento de Justicia.

Lo único comparable con el delito de rebelión en el Código Penal suizo es el artículo 265 sobre crímenes o delitos contra el Estado y de alta traición, que establece "una pena privativa de al menos un año" para aquél que cometa actos tendentes "a modificar por la violencia la Constitución helvética o la Constitución de un cantón".

Lo mismo se aplica para quienes "derroquen por la violencia a las autoridades políticas instituidas por la Constitución o les impida mediante la violencia ejercer su poder" o "separen con violencia una parte del territorio suizo de la Confederación Helvética o una parte del territorio cantonal de un cantón".

Galli ha reiterado que si el juez Llarena decidiera hoy al comprobar la ausencia de Gabriel en su citación con el Tribunal Supremo español cursar una orden de detención internacional o de extradición a Suiza, el Departamento de Justicia "analizaría con profundidad los hechos para verificar si las autoridades españolas acusan a Anna Gabriel de delitos políticos".