Los tribunales no permiten a Carmena quedarse con los túneles de Madrid, por ahora
Los tribunales de lo contencioso administrativo han suspendido la resolución del Ayuntamiento de Madrid de "secuestrar" el contrato de Dragados de gestión de varios túneles por falta de mantenimiento, después de que la empresa recurriese la decisión del gobierno de Manuela Carmena.
Según ha confirmado a Efe fuentes municipales, los juzgados de lo contencioso administrativo número 6 y 23 han dictado una medida cautelarísima que paraliza la decisión y que concede al Consistorio un plazo para justificar la aplicación del secuestro temporal de la concesión.
El Ayuntamiento de Madrid tomó hace dos semanas la decisión, dada a conocer hoy, de retirar de forma temporal la concesión a la empresa Dragados de la gestión de varios túneles de la capital -entre ellos el de Pío XII y el de plaza de Castilla- ante la negativa de la empresa a realizar las obras de mantenimiento necesarias para abrirlos al tráfico de forma segura.
El delegado de Desarrollo Urbano Sostenible (DUS) ha dicho a los periodistas estar a la espera de lo que digan los tribunales para poder tomar "las siguientes medidas", en referencia al inicio de unas obras que están presupuestadas y que oscilan entre los 10.000 euros y los 50.000 por cada túnel.
"Son muy sencillas de ejecutar: se trata de sustituir las canaletas por las que circula el agua", ha precisado José Manuel Calvo sobre estas obras que, ha dicho, son "imprescindibles para el buen funcionamiento de los túneles" y son de "urgencia máxima" ya que el cierre de estas vías genera muchos problemas de atascos.
El Ayuntamiento podría iniciar estas actuaciones en cuanto tenga el visto bueno del juez, según ha dicho el concejal del gobierno de Manuela Carmena, que no ha interpuesto de momento ninguna sanción a la empresa concesionaria ni se ha abierto tampoco expediente por el incumplimiento del contrato.
Según ha dicho el delegado, la negativa de la empresa a ejecutar las obras no implica un incumplimiento del contrato, que tendría consecuencias "más graves" que podrían llegar hasta a la rescisión unilateral, sino que el Ayuntamiento evalúa ahora si es motivo para interponer sanciones.