El juez activará este miércoles la orden de detención internacional contra Anna Gabriel
La orden se cursará obviamente también a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por si esta dirigente volviera a España. La orden internacional es el paso previo obligado para plantear después una petición de extradición. La Fiscalía dijo ayer que estudiaría si solicitar al juez que emprenda ese camino. Al tratarse de una extradición (en Suiza no rige la euroorden por no ser miembro de la UE), el juez podría activarla con independencia de que lo soliciten las acusaciones.
En cualquier caso, Llarena ha evitado hasta el momento activar los mecanismos internacionales para conseguir la detención y entrega de los otros cinco fugados: el expresidente Carles Puigdemont y los exconsellers Antonio Comín, Meritxell Serret, Clara Ponsatí y Lluis Puig. De hecho, al hacerse cargo del caso optó por desactivar las órdenes (europeas e internacionales) dictadas por la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela contra los fugados y tan solo mantuvo el mandato de su arresto en el caso de que regresaran a España.
Esa es una de las opciones que tiene sobre la mesa en el caso de Gabriel, al menos hasta que decida pedir a Bélgica la detención del resto, algo que prevé hacer cuando termine la investigación y dicte auto de procesamiento. En el caso de Suiza no sería aplicable la orden de detención y entrega europea (euroorden), por lo que Llarena debería solicitar la detención a través de la Interpol e iniciar los trámites de extradición mediante el convenio suscrito entre ambos países. El Gobierno suizo ha anticipado que, "a priori", este caso parece estar ligado a delitos políticos, por lo que si España pide la extradición sería eventualmente rechazada.
La estrategia de defensa anticipada por Anna Gabriel pasará por denunciar una persecución por motivos políticos, dado que Suiza contempla el rechazo a las peticiones de extradición si el procedimiento abierto en el extranjero "tiende a perseguir o castigar la persona por sus opiniones políticas, su pertenencia a un grupo social específico, o por consideraciones de orden racial, religioso o de nacionalidad".
La legislación suiza determina que para aceptar una petición de extradición, "por regla general", al menos una de las infracciones imputadas debe estar sancionada tanto en Suiza como en el país solicitante y dar lugar a extradición en las dos legislaciones.
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