Sólo el 22% de los importes de las sentencias se acaban cobrando
La aparente ineficiencia del actual sistema judicial provoca que solo el 21,8 por ciento del importe económico de las sentencias ejecutadas en Cataluña acabe recuperándose, según un estudio elaborado por la Cámara de Comercio de Barcelona y por el grupo de investigación AQR–Lab de la Universidad de Barcelona.
El estudio, pionero en España y en Europa, según sus autores, analiza por primera vez qué incidencia tiene sobre la economía el retraso a la hora de ejecutar una sentencia judicial.
A partir de una encuesta efectuada a despachos de procuradores y de una muestra de 994 expedientes de ejecuciones presentadas en 2013, este análisis asegura que debían haberse cobrado un total de 6.580 millones de euros, el equivalente al 3,4 por ciento del PIB catalán de ese año, y que tres años después la cantidad recuperada es solo de 1.434 millones de euros, el 21,8 por ciento del total.