La Junta mueve más de 2.500 millones al año en contratos
La contratación pública se ha convertido en una suerte de respiración artificial para muchas empresas. De hecho, ésta representa alrededor de 20 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) español, según ha cifrado el Observatorio Contratación Pública (ObCP), una iniciativa que surgió en octubre de 2011 como resultado del proyecto de investigación concedido por el Ministerio de Ciencia e Innovación para el período 2009-2011 sobre «Nuevos escenarios de la contratación pública: Urbanismo, contratación electrónica y cooperación intersubjetiva». Es en ese contexto en el que el Gobierno regional admite que «una comunidad como Andalucía mueve más de 2.500 millones de euros cada año» gracias a esa herramienta. Lo hace en un informe vinculado a la inclusión de cláusulas sociales y ambientales relativo al ejercicio de 2017, elaborado por la Dirección General de Patrimonio adscrita a la Consejería de Hacienda y Administración Pública.
En dicho documento, consultado por LA RAZÓN, desde el Ejecutivo autonómico se defiende que en la región se ha producido un «cambio trascendental en la visión estratégica de la contratación pública» impulsado por el desarrollo de una política de inclusión de las mencionadas cláusulas en la que «se ha estado trabajando intensamente con todos los sectores implicados –especialmente sindicatos y empresarios– y que vio la luz el 18 de octubre de 2016 mediante el acuerdo del Consejo de Gobierno», por el que se propulsó la incorporación de los requisitos sociales y ambientales en las contratas de la comunidad andaluza. En la reconstrucción de lo hecho se concreta que, a fecha de cierre del informe desgranado, en 2017 se adjudicaron «4.519 contratos mayores» de obras, servicios o suministros que incluían» las citadas cláusulas ligados a la órbita de la Administración andaluza, lo que supone «la totalidad de las licitaciones» y «aproximadamente entre un 70 y un 75 por ciento del volumen de recursos que destina anualmente la Junta de Andalucía a la contratación pública». Esa cifra hace referencia de manera específica a los denominados contratos «mayores» puesto que son éstos los que, por su procedimiento administrativo, basan su licitación en pliegos –administrativos particulares y de prescripciones técnicas– que incorporan los pactos y condiciones definidores de los derechos y obligaciones de las partes implicadas, así como las características técnicas que han de cumplir los bienes o prestaciones a cubrir. Pero hay otro tipo de contratos, los llamados menores, los limitados económicamente y en el tiempo –deben ser inferiores a los 50.000 euros, sin IVA, en el caso de las obras, y a los 18.000, si se trata de servicios, de nuevo IVA excluido; además de que no pueden ser superiores a un año–. De acuerdo al texto del Gobierno regional, éstos responden en su caso, como en el del «resto de las administraciones públicas», a «necesidades urgentes y de pequeña índole» imprescindibles para «el funcionamiento de la institución (material de oficina, pequeñas reparaciones, suministro de fungibles, material de apoyo)» y su tramitación obedece a «parámetros de mayor rapidez y efectividad por lo que no conllevan necesariamente la inclusión de pliegos». Ése es el motivo por el que no forman parte de la revisión acometida en el informe reflejado por este periódico. Con todo, sí se apunta en el mismo que éstos supusieron un desembolso de unos «600 millones de euros», mientras que los mayores de «más de 1.800». En conjunto, todos los contratos públicos contaron con las «cláusulas obligatorias» y con las «recomendadas» en «un volumen importante», según Hacienda.